Bienvenida

Mensaje Presidente de la Corte Suprema

LA JUSTICIA EN TIEMPOS DIFÍCILES

Vivimos tiempos complejos para Chile y el mundo. La crisis sanitaria, ocasionada por el contagio masivo de coronavirus ha obligado a adaptar nuestros procedimientos y reformular la forma en que los tribunales hacen justicia.

El uso de nuevas tecnologías como la tramitación electrónica, las videoconferencias y audiencias remotas han marcado esta transformación digital del Poder Judicial.

En este sentido, y adaptándonos a los tiempos, es un honor presentar la Memoria Digital del Poder Judicial 2019, que refleja la labor realizada por la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones y tribunales de primera instancia de todo el país, además del trabajo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y la Academia Judicial.

Durante este ejercicio, nuestra institución avanzó en la ejecución del proceso de planificación estratégica para el período 2015-2020 en todas sus áreas como infraestructura, acceso a la justicia, modernización, tecnología, personas, extensión y vinculación con la comunidad.
En el área de infraestructura se prosperó en la concreción del plan quinquenal de inversiones del Poder Judicial (2017-2022), que involucra el diseño, construcción y operación de nuevos centros de justicia y tribunales.

Durante 2019 y comienzos de 2020 se concretó la inauguración de la Corte de Apelaciones de San Miguel y de sus nuevos Juzgados de Familia; además de los centros de justicia de Puente Alto, San Bernardo, Talagante y Rancagua.

Destaco los avances en la construcción del nuevo Centro de Justicia de Temuco y los Juzgados definitivos de Letras, Garantía, Laboral y Familia de Alto Hospicio y de Letras con Competencia Común de Cabo de Hornos, además de las viviendas judiciales. Asimismo, se inició la construcción de los nuevos centros de justicia de Arica, La Serena, Ancud, Los Ángeles, Chillán y Tomé y los nuevos juzgados de Familia de Concepción.

Las actuales dificultades que se han presentado, nos han obligado a adecuarnos, redefinir algunos de nuestros procesos e implementar el uso de nuevas tecnologías.

Se consolidaron recientes sistemas de tramitación de exhortos internacionales y de declaración de intereses y patrimonio y hubo mejoras en el proceso de remisión de los recursos de protección. Asimismo, se logró la interconexión con más de 57 instituciones y servicios públicos.

Hoy estamos abordando el uso de la inteligencia artificial en los procesos judiciales, la aplicación de plantillas y de herramientas tecnológicas que faciliten el trabajo de nuestros jueces, juezas y funcionarios.

Este año hemos profundizado también en nuevos temas para el Poder Judicial. Se realizó, por tercer año consecutivo, el concurso nacional de innovación, destacando las mejores iniciativas e implementándose las elegidas el año pasado. En total, se recibieron más de 250 iniciativas.
En la inclusión se trabajó en el programa de mejoras en el acceso a la justicia para personas con discapacidad, con el apoyo y asesoría técnica del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis). Se implementó el sistema de traducción en más de 250 tribunales, con 318 puntos conectados en todo el país y en 11 idiomas.

Se realizaron charlas sobre inclusión laboral de personas con discapacidad y se integró al primer juez con discapacidad visual en el Poder Judicial, Clemente Winn, quien ejerció funciones como juez suplente en distintos tribunales de la jurisdicción de Santiago.
Se extendió el servicio de los buses de la justicia al norte, centro y sur del país. A la fecha se han realizado más de 30.000 atenciones.

En el área de personas, se efectuaron 58 actividades de capacitación, dirigidas a 4.067 participantes en el Poder Judicial y se realizaron 90 cursos de capacitación para la Corporación Administrativa, con 1.142 participantes.
Hacia los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial, se efectuaron 57 cursos con 4.808 asistentes y 99.035 horas destinadas a capacitación bajo este formato y 91 cursos presenciales con 401 participantes, y 6.474 horas consignadas a capacitación.
Se amplió la plataforma de estudios virtuales con un total de 77 cursos en dicha modalidad disponibles a todas las personas del Poder Judicial y la CAPJ.

Se otorgaron 140 becas de perfeccionamiento por un monto de $231 millones, beneficiando con postgrados a 86 funcionarios por un monto cercano a los $146 millones y con diplomados a 54 funcionarios por un monto que bordeó los $85 millones.
Se avanzó en la política de género y no discriminación con talleres y seminarios en todo el país y se elaboró la primera política de atención de usuarios y usuarias, que establece el permanente interés de la institución por mejorar su servicio.

El actual escenario obliga a las instituciones públicas a reforzar su compromiso con las personas. Hoy más que nunca se necesita un Poder Judicial, que se adapte a las actuales circunstancias, que mejore y fortalezca sus procesos internos para asegurar un sistema de justicia.
Todos los logros alcanzados durante este periodo han sido posibles gracias a las personas que forman parte del Poder Judicial, quienes indistintamente del lugar que ocupan en la institución han demostrado el interés por hacer de este poder del Estado una institución más moderna, cercana y al servicio de todas las personas.

Afectuosamente,

Guillermo Silva Gundelach
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
2020-2021

 

 

JUSTICE DURING DIFFICULT TIMES

We are living through complex times for Chile and the world. The health crisis caused by the wide spread of coronavirus around the world, has compelled us to adapt our procedures and reshape the way in which courts make justice.

The usage of new technologies such as online processing, videoconferences and remote hearings have marked this digital transformation of the Judiciary.

On this note, and adapting to current times, it is an honor to present the 2019 Digital Annual Report of the Judiciary, which presents the work done by the Supreme Court, Courts of Appeal and courts of first instance throughout the country, plus the efforts made by the Administrative Corporation of the Judiciary and the Judicial Academy.

During this exercise, our institution moved forward in the execution of its strategic planning for the 2015-2020 period, in all its areas, such as infrastructure, access to justice, modernization, technology, people, extension and community involvement.

On the matter of infrastructure, progress was made regarding the concretion of the Judiciary five-year investment plan (2017-2022), which involves the design, construction and operation of new justice centers and courts.

During 2019 and beginnings of 2020, advances were made on the inauguration of the Court of Appeal of San Miguel and its new Family Courts; as well as the justice centers of Puente Alto, San Bernardo, Talagante and Rancagua.

A highlight was the progress on the building of the new Temuco Justice Center and the definitive First Instance, Guarantee, Labor and Family Courts in Alto Hospicio, as well as the Common Competence Court of First Instance in Cabo de Hornos, in addition to judicial housing. In like manner, progress was made on the building of the new justice centers of Arica, La Serena, Ancud, Los Ángeles, Chillán and Tomé, along with the new Family courts of Concepción.

The difficulties that have presently manifested have urged us to adapt, redefining some of our procedures and promoting the usage of new technologies.

The new systems for the processing of international letters rogatory and for the declaring of interests and property were strengthened, and improvements in the process for the remission of protection remedies were made. On the same note, interconnection between over 57 institutions and public services was achieved.

We are today approaching the usage of artificial intelligence on judicial processes, the application of templates and technological tools so as to ease the duties of our judges and officials.

This year we have also grown into areas new to the Judiciary. For the fourth year in a row, the National Competition for Innovation was carried out, highlighting the best initiatives and carrying out the ones chosen last year. In total, over 250 initiatives were received.

On the matter of inclusion, efforts were made on the program for the betterment of access for people with disabilities, along with the support and technical advice of the National Disability Service (Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis). A translation service was implemented in over 250 courts, with 318 remote help desks throughout the country, in 11 languages.

Workshops on the labor inclusion of people with disabilities were carried out, and the first judge with a disability working in the Judiciary, Clemente Winn, continued exercising his functions as a substitute judge in several courts in the Santiago jurisdiction.
The “buses of justice” program was extended to the northern, central and southern regions of the country. To date, over 30,000 attentions have been completed.

On the area of people, 58 training activities were carried out, reaching 4,067 participants from the Judiciary, and 90 training courses were given to the Administrative Corporation, gathering 1,143 participants.

57 training courses were carried out, reaching 4,808 participants and 99,035 hours destined to training under this regime and 91 in-person courses with 401 participants, and 6,474 hours given to training.

The platform for on-line training was expanded, with a total of 77 courses available to all the members of the Judiciary and the Administrative Corporation.

A total of 140 scholarships were given out, totaling $231 million pesos, benefitting 86 officials with postgraduate grants, for around $146 million pesos, and 54 officials with grants towards financing graduate diplomas, for around $85 million pesos.

Progress was made on the gender and non-discrimination policy, with workshops and seminars around the country, and the first user attention policy was developed, which secures the permanent interest of this institution in improving its service.

The current scenario compels public institutions towards reinforcing their commitment to people. Today more than ever a Judiciary is needed, which can adapt to current circumstances, which can improve and strengthen its internal procedures to assure a system of justice.
Every achievement during this period has been possible thanks to the people who are a part of the Judiciary, who regardless of the place they take within the institution have demonstrated their interest in making this branch of Government an institution more modern, approachable and in service to the people.

Affectionately,

Guillermo Silva Gundelach
President of the Supreme Court of Justice
2020-2021

UN MEJOR SERVICIO PARA LOS TRIBUNALES DE CHILE

En períodos complejos donde la necesidad de una justicia más moderna, eficiente y oportuna se ha vuelto una tarea fundamental para Chile, el trabajo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) ha asumido un rol preponderante en contribuir a su desarrollo y modernización.

5.209 participantes en acciones formativas de todas las jurisdicciones del país
99,1% alcanzó la ejecución presupuestaria, lo que instala a la CAPJ como una de las instituciones públicas más eficientes en la administración de los recursos del país.

Este período estuvo marcado por un intenso trabajo del Poder Judicial y de los distintos departamentos y administraciones zonales de la Corporación Administrativa y que se detallarán a continuación, pero también por el estallido social de octubre de 2019 y los primeros indicios de la crisis sanitaria, ocasionada por el contagio masivo de coronavirus, que marcará para siempre el año 2020.

Esta coyuntura nos ha enfrentado al desafío de mejorar nuestra gestión y nuestros procesos, haciéndola una institución cada vez más eficiente, moderna y al servicio de los tribunales de Arica a Puerto Williams, obligándonos a incorporar tecnología, mejorar nuestros servicios y cercarnos a la comunidad.

Este año, la Corporación Administrativa cumplió 30 años de historia, un período donde hemos visto el devenir del país. No somos la misma institución que éramos tres décadas atrás y Chile no es el mismo.

Creada en 1990, como sucesor de la Junta de Servicios Judiciales y de la Oficina de Presupuestos para el Poder Judicial, nuestra institución extiende sus servicios en todo el país, a través de una oficina central y 17 administraciones zonales repartidas en las diferentes jurisdicciones.
En la actualidad, somos cerca de 1.050 personas distribuidas en todo Chile, quienes atienden las necesidades de la Corte Suprema, las 17 Cortes de Apelaciones y los 448 tribunales de primera instancia.

Hemos incrementado durante los últimos 10 años el presupuesto del Poder Judicial, que alcanzó los M$578.452.075 en 2019, con un aumento de 2,5% respecto de 2018.

La ejecución presupuestaria alcanzó el 99,1%, lo que instala a la CAPJ como una de las instituciones públicas más eficientes en la administración de los recursos del país.

En el área de infraestructura, me permito destacar los avances realizados en el plan quinquenal de inversiones del Poder Judicial con miras al 2025, que involucra el diseño, construcción y operación de nuevos y modernos centros de justicia y tribunales en diferentes zonas del país.
En noviembre de 2019 se inauguró el nuevo centro de justicia de Puente Alto, un moderno y sustentable edificio que agrupa los juzgados de Familia, Civiles y Letras de dicha comuna, ubicado en el epicentro del municipio con mayor población del país.

Asimismo, en junio se inauguraron los nuevos inmuebles de los Juzgados de Familia de Talagante y en septiembre, los Tribunales definitivos de Letras, Garantía, Laboral y Familia de Alto Hospicio en el norte del país.

Destaco también los avances constructivos de la Corte de Apelaciones de San Miguel y los nuevos Juzgados de Familia de dicha comuna; el Juzgado de Letras con Competencia Común de Cabo de Hornos, y sus viviendas judiciales y el centro de justicia de Rancagua.
Además, del centro de justicia de Tomé (Letras y Familia), La Serena (Letras, Letras del Trabajo y Familia), Temuco (Letras, Letras del Trabajo y Familia) y Chillán (Corte de Apelaciones, Familia y Civil). Además, de los nuevos proyectos que se construyen en las ciudades de Ancud y Los Ángeles.

En tecnología, quiero destacar el fortalecimiento del uso de la Tramitación Electrónica y los cambios y mejoras implementadas en la Oficina Judicial Virtual. Se implementó el uso gradual de la firma digital avanzada para la tramitación de resoluciones de nombramientos y/o contratos, a nivel nacional.

En materia de Recursos Humanos, se amplió la plataforma de estudios virtuales con un total de 77 cursos en dicha modalidad disponibles a todas las personas del Poder Judicial y la CAPJ y se otorgaron 140 becas de perfeccionamiento por un monto de $231 millones, beneficiando con postgrados a 86 funcionarios por un monto cercano a los $146 millones y con diplomados a 54 funcionarios por un monto que bordeó los $85 millones.

El Comité Nacional de Riesgos Psicosociales de la Corte Suprema elaboró una propuesta para la tercera versión de la Política de Clima Laboral, que incorpora el concepto de maltrato laboral además del de acoso laboral y comprende un protocolo de denuncia de este tipo de situaciones.
Se trabajó en el programa de mejora de acceso a la justicia para personas con discapacidad y accesibilidad universal, a través de capacitaciones internas sobre la Ley de Inclusión Laboral de personas con discapacidad, además de mejoras en la infraestructura de todas las jurisdicciones del país y la implementación de ajustes necesarios en sus instalaciones.

En acceso a la justicia se extendió el uso del Servicio de Traducción en Línea en lengua de señas y migrantes en todos los tribunales reformados del país, en la implementación de las nuevas políticas de atención de usuarios y género y no discriminación.
En octubre se inició la primera etapa de la implementación de la Ley de Entrevista Videograbada en las jurisdicciones de Arica, Iquique, Antofagasta, Talca, Coyhaique y Punta Arenas.

Para la implementación de esta ley se habilitaron 20 nuevas salas y 9 interconexiones entre Tribunal del Juicio Oral en lo Penal y Juzgados de Garantía. Además, se capacitó a todos los jueces y ministros de tribunales de las 6 jurisdicciones de la primera fase y se formularon los protocolos necesarios para el desarrollo de las entrevistas.

Finalmente, quiero agradecer la confianza depositada por el Consejo Superior en el equipo directivo y destacar a cada una de las personas que forman parte de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, quienes se han comprometido y colaborado en llevar adelante todas estas iniciativas, que nos permitan vislumbrar una institución cada vez más eficiente y al servicio de un mejor país.

Afectuosamente,

Ricardo L. Guzmán Sanza
Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial

JUEZAS Y JUECES INDEPENDIENTES PARA UNA MEJOR JUSTICIA

Nuestro año 2019 comenzó con el lanzamiento de las conclusiones de una mesa de trabajo convocada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos para el estudio de una reforma al sistema de nombramiento de quienes integran el Escalafón Primario de nuestro Poder Judicial.

En la instancia, un grupo integrado por la Asociación Nacional de Magistrados (ANM) junto a representantes de las Facultades de Derecho de las Universidades de Chile y Católica (UCH-UC) y otros centros de estudio arribó a propuestas muy cercanas a las aspiraciones de nuestro gremio, coincidiendo en la necesidad de reformar los aspectos relacionados con el llamado “Gobierno judicial”.

Lo anterior es un hito relevante para la historia de nuestra organización pues vino a recoger el grueso trabajo que una larga lista de asociadas y asociados impulsaron y promovieron en las últimas décadas desde el retorno de la democracia.

Creemos que estos cambios, tarde o temprano, vendrán a impulsar otras modificaciones relacionadas con la actualización pendiente del diseño institucional del Poder Judicial chileno en beneficio de toda la comunidad y la necesaria garantía de acceso a una justicia en que juezas y jueces se desempeñen sin perturbaciones a su independencia.

En el mismo plano de pretendida independencia judicial -en su cara externa- nos abocamos a la búsqueda de un sistema encargado de determinar y actualizar los sueldos de la Judicatura, incoando acciones en el sistema nacional cuyo resultado nos fue adverso para llegar finalmente hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Aspiramos a la creación de un sistema que nos asegure una distancia suficiente de las agendas políticas, que impida o limite injerencias indebidas por el evidente riesgo que ello conlleva.

Por ello insistimos en la necesidad de que nuestras remuneraciones sean reguladas a través de una ley que contemple un mecanismo de reajustabilidad anual y actualización sujeta a parámetros técnicos y correlacionado con la realidad económica, pero ajeno a las discusiones de la política contingente o las preferencias ideológicas del gobierno de turno.

Las diversas comisiones de la ANM continuaron su labor de acuerdo con el cumplimiento de sus fines estatutarios, trabajo que fue plasmado en diversos documentos, tales como el protocolo de “Buenas Prácticas en Materia de Protección de Infancia” que importó la concreción de un mandato expreso de la Convención de Coyhaique (2017), fruto del trabajo de un grupo de jueces y juezas especialistas de tribunales de todo el país, enriquecido con la experiencia de las distintas realidades locales.

Nuestro interés en promover protocolos, guías, propuestas y recomendaciones es y ha sido poner a disposición de la Judicatura y demás operadores del derecho el producto de la natural experiencia que acumulamos desde nuestros estrados, con el aporte desinteresado de asociados y asociadas.

En la misma línea de nuestra condición de representantes de la sociedad civil, este trabajo se volcó también en nuestras constantes idas a distintas Comisiones de ambas cámaras durante el período en el contexto de la tramitación de diversos proyectos de ley en los que fuimos consultados.

Participamos a su vez de algunas instancias en el marco de la orgánica generada desde la Corte Suprema sin abandonar nuestra visión crítica -pero siempre propositiva y abierta al diálogo- con dispar resultado.

Si bien creemos que es posible avanzar hacia una “modernización” del Poder Judicial en los términos de su actual visión institucional, estimamos que junto con atender también a la separación de facultades hoy radicadas en los tribunales superiores, debe avanzarse hacia una adecuada valoración y comprensión del rol de representación que le cabe a las organizaciones gremiales al alero de la ley 19.296 y los derechos colectivos que incorporó.

Finalmente, no puedo evitar referirme a los hechos que remecieron al país hacia el último trimestre del período.

Fue preocupación permanente -y lo sigue siendo hasta la publicación de estas líneas- la afectación de derechos fundamentales durante el estado de excepción constitucional y la intensificación de nuestro rol en la cautela de los mismos, para lo cual promovimos diversas instancias de comunicación con representantes de las instituciones involucradas precisamente para hacer frente a la contingencia, lo que nos valdría posteriormente un reconocimiento local y desde nuestro sistema interamericano de derechos humanos.

Juezas y jueces somos hoy parte de un sistema complejo en el contexto de una sociedad cada día más exigente y sensible a la desigualdad. El compromiso a redoblar con la comunidad debe ser entonces aspirar a estándares cada vez mayores de independencia interna y externa en el ejercicio de nuestra función.

María Soledad Piñeiro Fuenzalida
Presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados

NUESTROS DESAFÍOS CON MIRAS AL FUTURO

Contar con acceso a una justicia basada en la independencia y eficiencia es clave para prestar un buen servicio a la ciudadanía.

Esa fue la premisa con que hace 20 años se creó por Ley la transcendental figura de los gestores de la administración de tribunales y unidades de CAPJ, administradores, jefes de unidad y distintos funcionarios profesionales, cuyo rol tiene que ver con asegurar al interior de los tribunales reformados y de CAPJ la capacidad para organizar los recursos disponibles y que son utilizados para realizar la labor diaria del Poder Judicial.

A pesar de las reformas que se han implementado desde esa fecha, Tribunales Penales; Tribunales de Familia; Laboral y de Cobranza, persiste el desafío de mejorar aún más la independencia del PJUD y esperamos que la Reforma Procesal Civil tan anunciada por el gobierno se haga cargo de esta necesidad.

Es clave un proceso de modernización que traiga más autonomía a los administradores de tribunales, que sea aún más transparente ante la ciudadanía y que optimice los procesos de mejora continua que realizamos todos quienes formamos parte del Poder Judicial.

La Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial tienen como una de las cuestiones prioritarias apoyar y defender la figura y rol de nuestros socios y socias profesionales, encargados de hacer trabajar más eficientemente cada tribunal y unidad, eso lo puede hacer solo con una administración empoderada en su función.

Durante este año, esta asociación se encontró enfrentada a las problemáticas asociadas a los necesarios cambios legales que regulen adecuadamente la separación de lo administrativo de lo jurisdiccional al interior de los tribunales, abarcando aspectos relativos a realizar modificaciones al sistema de calificaciones, modificaciones al sistema Disciplinario, y a mejorar nuestra estructura remuneracional.

El Código Orgánico de Tribunales contempla un sistema de calificación diseñado en el siglo pasado para los funcionarios del Poder Judicial, tanto de su Escalafón Primario como de su Escalafón Secundario, este último donde se encuentran la gran mayoría de nuestros asociados.

Es así como actualmente los Presidentes de las Cortes de Apelaciones califican a los Administradores de Tribunales de su jurisdicción, teniendo a la vista informes que deben emitir por separado del Comité de Jueces, es decir por la misma instancia que debe ser supervisada en cuanto a su gestión.

Es por esto que desde hace años y especialmente en 2019 nos centramos en encontrar posibles fórmulas de solución a este sistema y por ende esperábamos que la esperada Reforma Civil modificara estos errados aspectos de diseño, con el objetivo final explícito de reducir dentro del proceso calificatorio los actuales niveles de incertidumbre y discrecionalidad.

En lo relativo a las mejoras de remuneraciones del Poder Judicial trabajamos arduamente durante todo el 2019 conjuntamente con los demás gremios del PJUD, en las negociaciones con las más altas autoridades de Gobierno y del Poder Judicial para lograr la ansiado mejoramiento de nuestras Rentas para todos dentro del Poder Judicial, que lleva más de una década sin modificaciones, salvo reajustes anuales por IPC.

Lo anterior enmarcado en el convencimiento transversal de que se requiere una justicia eficaz y oportuna, para lo cual resulta primordial reconocer a los Profesionales de la Gestión del Poder Judicial, responsables de la marcha administrativa y operativa de los tribunales, cuenten con la debida autonomía e independencia.

Sin embargo todas nuestra reivindicaciones gremiales quedaron en compás de espera, luego de los acontecimientos vividos por el país a partir del “estallido social” de octubre 2019 en adelante donde fue precisamente nuestro estamento de los profesionales el que ha sabido implementar todas las medidas frente a la urgencia y contingencia, de manera abnegada, profesional, silenciosa pero eficiente en cada una de las unidades, para salvaguarda la vida de los funcionarios e implementamos e manera visionaria el teletrabajo y demás medidas para seguir prestando el servicio judicial que el país necesita.

Por eso estamos convencidos en la necesidad de seguir luchando por las legítimas aspiraciones de nuestro estamento, pero insertas en la nueva situación del país, con sentido de pragmatismo pero reconociendo la problemática de los gestores de tribunales, administradores, jefes de unidad y funcionarios profesionales de CAPJ dentro una lógica de justicia e igualdad laboral, principalmente en la defensa gremial de nuestros derechos con nuestro equipo jurídico esto para que impere el debido proceso, además de vincular el anunciado reimpulso del proyecto de reforma procesal civil (actualmente en proyecto), así como con los cambios en estudio en materia del Código Orgánico de Tribunales (COT). Estos son y serán los desafíos que trabajaremos para nuestros Trabajadores Profesionales Judiciales.

Patricio Aguilar Paulsen
Presidente Nacional APRAJUD
Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial

LO ÚNICO CONSTANTE ES EL CAMBIO

El año 2019 parece ser ahora un año que pasó hace mucho tiempo. La pandemia que actualmente vivimos por el contagio del coronavirus ha copado todos los espacios de nuestra vida.

Como lo hizo el estallido social, al parecer la única constante que nos queda es el cambio. Si alguien me hubiese dicho a principios del año pasado que en octubre habría un estallido social de la envergadura que fue, con marchas de más de un millón de personas y que en marzo de este año surgiría una pandemia que paralizaría al mundo. En lo personal no sólo no lo habría creído, sino que también me hubiera parecido sacado de una novela de ciencia ficción.

Nuestras prioridades como asociación gremial para 2019 fueron: por un lado, lograr 50 nuevos consejeros/as técnicos para los tribunales bicéfalos, buscando que se homologara el número de jueces con el número de colegas, dado el aumento de la carga laboral avalada por los estudios del Departamento de Desarrollo Institucional (DDI) y los realizados por nuestra propia asociación.

Por otra parte, el aumento de remuneraciones para todos los funcionarios del poder judicial luego de 12 años que no ha habido un aumento para nuestro sector y en particular en el caso de las/os Consejeros/as Técnicos, una asignación de responsabilidad que reparare la discriminación que ha sufrido nuestro gremio encasillado en una escala antojadiza que hemos denunciado públicamente desde el 2015.

En marzo, con agrado recibimos nuestra sede gremial, un sueño largamente anhelado, una sede entregada en comodato por la CAPJ, permitiendo separar el departamento, como residencia para nuestros asociados de nuestras oficinas.

A mediados de 2019 no sólo estábamos contentos y orgullosos por haber logrado 50 nuevos cargos de consejeras/os técnicos/as para los tribunales bicéfalos, especialmente por haber sido conseguido en tiempos en los cuales dicha ambición resultaba casi irrealizable producto de la reducción en el presupuesto del Poder Judicial.

También lo estábamos, y de una manera mucho más profunda, por el reconocimiento de parte de la Corte Suprema en el sentido de reparar la escala de sueldos del Consejo Técnico a través de una Asignación de Responsabilidad. Todo lo anterior en el marco de las negociaciones por aumento salarial del Poder Judicial.

Pero pasó lo que todos/as conocemos, Chile despertó y las necesidades de este país por largo tiempo postergadas tomaron el carácter de urgencia, por lo que, a partir de allí, adquirió supremacía la elaboración de una nueva Constitución política para Chile, en la cual el Estado asuma un papel más protagónico como un Estado garante de derechos, no como el que actualmente tiene limitado sólo a un mero rol subsidiario.

En ese plano, es honesto reconocer que nuestras legítimas reivindicaciones deberán esperar nuevas condiciones sociales para ser satisfechas. Sin embargo, al momento de volver a enfrentar el desafío del aumento salarial lo haremos teniendo como base el respaldo de la Corte Suprema lo cual nunca antes había ocurrido en situaciones similares.

Lo único constante es el cambio, tendremos entonces que adaptarnos y encontrar nuevas formas de esperanza, de ser y decir.

En esta asociación gremial que tengo el honor de presidir, integrada por hombres y mujeres libres unidos por la defensa de sus derechos, que construyen con pequeños o grandes pasos un mejor Poder Judicial, no sólo para nosotros sino también para el resto de los ciudadanos de nuestro país.

Nelson Achurra Muñoz
Presidente Asociación Nacional de Consejeras y Consejeros Técnicos del Poder Judicial de Chile

HACIA LA GESTIÓN DEL CAMBIO

La Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial, Anejud Chile nace en 1967, producto de la iniciativa de un grupo de funcionarios y funcionarias del Poder Judicial, que creyeron en el trabajo colectivo.

En la actualidad, se alza como el gremio más grande, representativo y de mayor reconocimiento. Lo anterior, basado en sus más de 50 años de historia, los casi 5.000 socios y socias en todo Chile, agrupados en 21 asociaciones regionales y su constancia en el cumplimiento de la misión de proteger y desarrollar los derechos e intereses de sus asociados y asociadas.

Durante el año 2019, el Directorio Nacional de Anejud estuvo integrado por su presidente, Guillermo Quiroz Manzo; su vicepresidente, Ricardo Álvarez Moraleda; su secretaria, Lilian Huanca Borja; su tesorera, Sandra Rojo Arenas y las directoras, Iris Urzúa Urzúa, Karin Mendoza Sepúlveda, Ivonne Iturriaga Brito; y los directores Juan Villar Villar y Manuel Alvarado Alvarado.

El periodo estuvo marcado por grandes desafíos en el trabajo gremial tales como: la discusión de la reforma procesal civil; el perfeccionamiento del proceso de reclutamiento y selección de personal, el clima laboral, la reducción del riesgo psicosocial; el trabajo en torno a la igualdad de género y no discriminación; la defensa gremial respecto a las medidas disciplinarias injustificadas y el mejoramiento económico para nuestros socios y socias.

Todo este trabajo se ha visto materializado en la permanente participación de Anejud en las distintas mesas de trabajo y en los diversos comités creados por el Poder Judicial para coordinar la gestión de estos temas.

En particular, con respecto a la materia remuneracional, se continuó con la participación en la mesa intergremial, en el convencimiento que la mejor manera de hacer frente a una eventual negociación con el actual gobierno respecto a esta materia era a través de un planteamiento y un leal trabajo conjunto.

Pese a las innumerables reuniones llevadas a cabo por esta instancia y con diversas autoridades del Poder Ejecutivo y teniendo como antecedente la movilización nacional del 10 de septiembre de 2019, donde se manifestó el descontento gremial por el nulo avance de las negociaciones.

Finalmente se decidió abandonar la mesa intergremial. Dicha decisión se vio fundada en el convencimiento que, a la luz de los hechos, sólo una estrategia propia en el futuro permitirá conquistar el objetivo de dicha mejora remuneracional.

De la misma manera, Anejud Chile ha considerado relevante ser parte de las diversas instancias de reuniones y discusión producto de la próxima reforma procesal civil, lo cual se ha visto operacionalizado a través de su participación en el Comité de Modernización y la Mesa Interinstitucional conjunta con el Ministerio de Justicia. Ambos espacios de participación han sido brindados por la Corte Suprema y han significado un gran aporte para el gremio y su quehacer.

Lo antes mencionado ha sido complementado con actividades propias denominadas “Hacia la gestión del cambio” que significaron en términos prácticos la realización de dos seminarios: el primero, realizado en Concepción el 30 de mayo del 2019; y el segundo, realizado en Copiapó el 1 de agosto del mismo año. Además, se debe mencionar la realización de dos charlas para las Asociaciones Regionales de Valdivia, el 25 de junio y de Osorno, el 26 de junio.

Sin embargo, y pese al esfuerzo desplegado por el Directorio Nacional de Anejud para lograr mucho de los compromisos que asumimos para el 2019, la actividad gremial no estuvo ajena a los acontecimientos nacionales.

Es así como las multitudinarias manifestaciones ciudadanas desarrolladas a partir del 18 de octubre, la grave crisis política y la serie de restricciones ciudadanas y estados de excepción declarados a partir de dicha fecha, limitaron y reorientaron el trabajo de Anejud Chile.

Producto de lo anterior, y siempre con el objetivo de colocar la seguridad de las y los socios por sobre cualquier otra consideración, nos vimos obligados a suspender diversas y tradicionales actividades gremiales. Una de ellas fueron las jornadas de capacitación interna de los dos últimos meses del año y cuyo objetivo es empoderar a dirigentes, socias y socios e instruirlos en materias de la coyuntura nacional y gremial.

De la misma forma, debieron ser suspendidos los 38° Juegos Nacionales Deportivos, actividad de larga tradición que reúnen a más de 400 socios cada año en alguna región del país para realizar competencias deportivas en variadas disciplinas.

Pero la coyuntura no paralizó el resto de las tareas gremiales y con la convicción que las y los funcionarios judiciales son parte de una sociedad que está en un proceso de cambio político y social, se asumió el desafío de realizar a nivel nacional cabildos territoriales autogestionados durante diciembre, actividades en las cuales participaron socios y socias, funcionarios y funcionarias de los tribunales y la misma comunidad, que permitieron exponer opiniones sobre las demandas sociales, la Asamblea Constituyente, la situación país y del propio Poder Judicial.

Respecto del trabajo internacional, es necesario destacar que Anejud Chile asistió el 22 de junio de 2019 al Encuentro Subregional de Sindicatos del Cono Sur y Brasil (SUBRAC) y al Comité Subregional de Mujeres del Cono Sur y Brasil (SUBREMUJ), ambas en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. En la misma área, el 24 de junio, Anejud Chile fue parte de la Conferencia Interamericana de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) realizada en Buenos Aires, Argentina. Además, participó de la cumbre de los Pueblos “Salvemos la Tierra, Cambiemos el Sistema”, realizada durante los días 2 al 6 de diciembre en Santiago, Chile. Por último, en materia de equidad de género, Anejud se presentó al Encuentro Latinoamericano sobre Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo, realizado el 6 de diciembre de 2019, en Santiago, Chile.

Variados son los desafíos para este nuevo año, aún más desafiantes en el marco de la actual emergencia sanitaria, pero conservamos el espíritu de trabajo colectivo y el empeño de mejorar las condiciones laborales de las y los empleados judiciales.

Esa es nuestra misión. La hemos cumplido durante más de 50 años en las más diversas circunstancias y seguiremos fieles al compromiso de seguir cumpliéndola en las actuales condiciones.

Gema Aguila Cesani
Presidenta Nacional ANEJUD Chile

HACIA UNA MEJOR CAPACITACIÓN JUDICIAL

Durante 2019, la Academia Judicial de Chile comenzó la implementación de un plan de trabajo cuya finalidad es mejorar la calidad, pertinencia y oportunidad de la capacitación que brinda en sus diversos programas y actividades.

Ello la llevó a revisar su sistema de detección de necesidades de capacitación, su oferta académica y la forma como la institución se organiza para cumplir su cometido. Para la detección de necesidades de capacitación, se comenzó por elaborar los perfiles para los cargos del escalafón primario y secundario de la institución, a lo que siguió el levantamiento de los requerimientos institucionales en materia de capacitación y la práctica de una encuesta a los funcionarios de esos escalafones. Este trabajo deberá complementarse con una encuesta a los integrantes del escalafón de empleados. Con esos antecedentes contaremos con información suficiente para orientar la reformulación de nuestros programas.

Desde ya sirvió para introducirle cambios significativos a la estructura del Programa de Formación, sustituyendo su organización a partir de módulos, por una por cursos, y a una revisión completa del Programa de Habilitación, que ahora pasará a tener una duración de seis meses, incluyendo una etapa de autoformación en línea y otra presencial centrada en talleres.

Los cambios más importantes al Programa de Perfeccionamiento se concentraron en el área de infancia, por ser prioritaria para el Estado Chileno, el Poder Judicial y, por ende, para la Academia. Con tal fin, se revisaron los programas de los cursos existentes, se sumaron nuevos, se afinó la metodología y se precisaron los destinatarios. Tarea aparte fue la relacionada con la implementación de la Ley de Entrevistas Videograbadas, donde, a solicitud de la Corte Suprema, se capacitó a todos los/as jueces/zas y ministros/as, de las jurisdicciones de la primera etapa, sobre los alcances de la nueva ley y se certificaron como intermediadores a un 30% de los jueces orales penales.

Al mismo tiempo, se iniciaron las tareas que nos permitirán contar con una oferta sustantiva de cursos de perfeccionamiento en línea, definiendo la metodología a emplear, desarrollando la plataforma tecnológica y encargando los materiales docentes que servirán de base para los primeros cursos.

En materia de perfeccionamiento extraordinario, deben destacarse la creación de los círculos de estudios, uno en materia civil y otro en penal, los cuales profundizan durante un año el estudio de un tema relevante en esas áreas, asistidos por un/a docente, culminando con la elaboración individual de un texto sobre la materia. Muy relevante también fue la constitución del grupo de ética, integrado por una ministra y la fiscala de la Corte Suprema, ministros de Cortes, incluido un director de la Asociación Nacional de Magistrados, jueces/zas, secretarios y académicos/as. Este grupo acordó la elaboración durante 2020 de un compendio de buenas prácticas judiciales, que servirá para la formación de nuevos jueces y juezas.

En cuanto al funcionamiento de la Academia, el Consejo Directivo redefinió el organigrama y la estructura de la institución, cuyas labores pasaron a agruparse en un área de producción de actividades de capacitación, a cargo de la subdirectora, y un área académica, a cargo de un gerente. Al interior de ellas se conformaron equipos de trabajo liderados por un/ coordinador/a, para lo cual se definieron los respectivos perfiles de cargo.

Resalto la activa participación durante el año en las redes nacionales e internacionales. Importante para ello fue la creación de una unidad de comunicaciones, encargada de generar un boletín interno mensual, un informativo externo trimestral y un activo posicionamiento de la institución en redes sociales y web. En esta misma línea fue importante la suscripción de convenios de colaboración con diversas instituciones del sector justicia, como la Corporación Administrativa del Poder Judicial, el Consejo para la Transparencia, el Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, el Primer y el Tercer Tribunal Ambiental, la Contraloría General de la República, la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y el Tribunal Constitucional.

Finalmente, quiero agradecer a todas las personas que forman parte de la Academia Judicial, quienes han permitido alcanzar estos logros e instalarnos como una institución cada vez más moderna y que impactará positivamente en la formación de nuevos y mejores jueces, juezas y funcionarios judiciales para Chile.

Juan Enrique Vargas Viancos
Director de la Academia Judicial