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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA

Hacia una justicia digital, inclusiva y sustentable

Como Presidente de la Corte Suprema, es un honor presentarles la Memoria del Poder Judicial 2022, que refleja la labor realizada por todas las personas que integran la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones, tribunales de primera instancia, la Corporación Administrativa del Poder Judicial y la Academia Judicial.

Este período estuvo marcado por el trabajo de los tribunales de justicia en un contexto nacional, marcado por los efectos de la post pandemia, lo que obligó a redoblar los esfuerzos para brindar un servicio de justicia oportuno, cercano y de calidad a las personas.

La pandemia tuvo impactos importantes en el trabajo de los tribunales de justicia del país, dada la gran cantidad de causas judiciales acumuladas en las distintas materias, lo que ha significado un aumento importante en las cargas de trabajo, que se han enfrentado con profesionalismo, dedicación y esmero.

En este sentido, quiero agradecer a todas las personas: ministros y ministras, jueces y juezas, funcionarios y funcionarias del Poder Judicial, la Corporación Administrativa y la Academia Judicial, quienes se adaptaron oportunamente a este nuevo escenario y se comprometieron con brindar una justicia de calidad, incluso en situaciones excepcionales como lo que enfrentamos.

En términos de gestión jurisdiccional durante 2022 ingresaron a los tribunales de primera instancia 2.468.942, sin incluir exhortos, lo que representa un aumento de 14,31% respecto del año anterior.

Los ingresos durante este mismo período en las Cortes de Apelaciones alcanzaron las 840.405 causas, lo que representó un incremento de 186% respecto al año 2021.

El ingreso de causas en la Corte Suprema alcanzó las 171.875 causas, lo que representa un aumento de un 76%, principalmente, por el explosivo aumento de recursos de protección interpuestos contra isapres.

En este contexto, quiero resaltar la labor realizada por la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, los tribunales del país, la Corporación Administrativa del Poder Judicial y los distintos Comités de la Corte Suprema (Personas, Modernización y Comunicaciones), quienes se comprometieron con sus quehaceres y alcanzaron diferentes logros durante este año.

Asimismo, el Poder Judicial enfrentó adecuadamente la implementación de nuevas leyes, asociadas a los retiros de las AFP y bonos de clase media; la Ley 21.378 de Monitoreo Telemático de Agresores VIF; la Ley 21.389 que crea el Registro Nacional de Deudores de Alimentos; la Ley 21.302 que estableció el Servicio Nacional de Deudores de Alimentos y la Ley 21.302 que creó el Servicio Nacional de Protección de la Niñez y de la Adolescencia.

Además, a nivel estratégico se avanzó en la implementación de una nueva planificación estratégica para el Poder Judicial para el próximo quinquenio (2021-2025) con avances y desafíos en diferentes áreas como infraestructura, modernización, tecnología, acceso, personas, comunicación y vinculación con la comunidad.

En el área de Infraestructura, deseo destacar la inauguración del nuevo, moderno y sustentable Centro de Justicia de La Serena, ubicado en el casco histórico de la ciudad. Esta obra concentra los servicios de los Juzgados de Familia, Letras del Trabajo y el 1º, 2º y 3º Juzgados de Letras; y permite atender a una población de más de 820 mil personas de dicha región del país.

Se trabajó intensamente y pese a las complejidades propias de este año en la construcción de los nuevos Centros de Justicia de Los Ángeles y Chillán y del nuevo y moderno edificio de la Academia Judicial en Santiago.

Asimismo, destacan los avances constructivos del Centro de Judicial de Temuco, el Juzgado RPP de Osorno y las nuevas licitaciones del nuevo Juzgado de Familia de Concepción, el Centro de Justicia de Los Ángeles, el Tribunal de Familia y Laboral de Arica, los diseños de la nueva Corte de Apelaciones de Puerto Montt, el Juzgado de Letras y Garantía de Putaendo, Juzgado de Letras y Garantía de Río Bueno, Juzgado de Letras y Garantía de Isla de Pascua y el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago.

En el ámbito de las nuevas tecnologías fue relevante el uso masivo de la Oficina Judicial Virtual, de nuevas mejoras al Portal de Trámite Fácil y la extensión de ConectaPjud, que alcanzó las 600.000 atenciones durante el año. Además del uso de la firma electrónica avanzada y de más de videoconferencias para audiencias remotas.

Asimismo, se trabajó en el uso de nuevas tecnologías asociadas a la inteligencia artificial, el uso de plantillas electrónicas y de la ciberseguridad, con una mirada puesta en la transformación digital.

En apoyo a los tribunales fue relevante la creación de los coordinadores de Juzgados Civiles y el aumento en la dotación de consejeros técnicos en 49 juzgados del país, debido a la implementación de las leyes 20.876 y 21.017.

Asimismo, la continuación del proceso de implementación de la Ley 21.057 de entrevistas videograbadas a niños, niñas y adolescentes (NNA) y la Ley 21.017 aprobó fortalecer tribunales del país de distintas competencias, con más de 110 jueces y juezas y apoyo de funcionarios.

En materia de igualdad de género y no discriminación quiero destacar la labor realizada a través de la consolidación de la Política de Género y No Discriminación, el trabajo realizado en Derechos Humanos y la difusión de los protocolos de atención de grupos vulnerables, como parte de los logros implementados este año.

Además, de destacar el programa “Justicia Móvil”, una flota de buses especialmente acondicionados para entregar información y orientación judicial a las personas, que durante 2022 realizaron más de 3.000 atenciones y el servicio de traducción en línea para tribunales, que se encuentra implementado en todo el país y permite la realización de traducciones simultáneas en distintos idiomas.

Durante este año se ha trabajado en la implementación de la política de sustentabilidad del Poder Judicial, a través de la obtención de nuevas certificaciones de diseño y construcción sustentable para tribunales y centros de justicia; la adopción de un convenio para el uso de energía eléctrica limpia y renovable en el sistema eléctrico de 67 tribunales y avanzar en el uso eficiente de recursos como agua, electricidad, papel, reciclaje y combustible.

Finalmente, quiero agradecer a todos quienes han sido parte de estos hitos y logros, convirtiéndose en protagonistas del devenir del Poder Judicial, aportando a la construcción de una justicia cada vez más digital, inclusiva y sustentable.

Juan Eduardo Fuentes Belmar
Presidente de la Corte Suprema de Justicia 2022-2023

MENSAJE DEL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

Mejorar nuestra gestión para alcanzar una mejor justicia

Es un honor para mí dirigirme a ustedes en esta Memoria Institucional del Poder Judicial 2022 para informar y dar cuenta de los logros y desafíos alcanzados por la Corporación Administrativa del Poder Judicial durante este año.

Antes que todo, quiero comenzar por agradecer la confianza y el trabajo realizado por el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, y de los ministros y ministras que conforman el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, María Angélica Repetto, Mario Carroza, María Teresa Letelier y Diego Simpertigue, y de todo el equipo directivo y profesional que integra esta institución de más de 1.100 personas repartidas desde Arica a Punta Arenas.

En 2022, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, a través de su nivel central y las 17 administraciones zonales de todo Chile, ejecutó bajo el alero del Plan Estratégico del Poder Judicial 2021–2025, un programa de iniciativas en las áreas de Infraestructura, Tecnología, Finanzas, Recursos Humanos, Servicio, Acceso y Sustentabilidad.

Durante este ejercicio, la ejecución presupuestaria del Poder Judicial alcanzó al 31 de diciembre del 2022, los $646.912.016, alcanzando el 99,53% del total del presupuesto del Poder Judicial, lo que nos posiciona dentro de las instituciones del Estado más eficiente en el uso de los recursos públicos.

Nuestra institución ha sido pionera en el uso de nuevas y mejores tecnologías, adaptándonos a los desafíos que impone la administración de justicia en Chile.

El año 2022 no fue una excepción. Los efectos de la pandemia ocasionada por el coronavirus, que se tradujo en la acumulación de causas, nos obligó a extremar los esfuerzos por entregar un servicio de calidad. Asimismo, nos enfrentamos a la implementación de nuevas leyes, que tuvieron impacto en la gestión de los tribunales.

También hemos puesto un especial interés en mejorar nuestra labor y cuidar a las personas, implementando nuevas tecnologías, promoviendo el teletrabajo y llevando adelante todas las medidas de autocuidado y prevención para proteger la salud de las personas que trabajan y asisten a tribunales.

La Corporación Administrativa del Poder Judicial enfrentó la implementación de diversas leyes que impactó fuertemente en el trabajo de los Tribunales de Familia, asociados a los retiros de los fondos de pensiones y bonos de clase media; la Ley 21.378 de Monitoreo Telemático de Agresores VIF; la Ley 21.389 que creó el Registro Nacional de Deudores de Alimentos; la Ley 21.302 que estableció el Servicio Nacional de Deudores de Alimentos; y, la Ley 21.302 que estableció el Servicio Nacional de Protección de la Niñez y de la Adolescencia.

Este año se inauguró el Centro de Justicia de La Serena y el nuevo edificio de la Academia Judicial en Santiago y la construcción de los nuevos Centros de Justicia de Los Ángeles y Chillán. También los avances constructivos de diversos tribunales y centros de justicia repartidos en diferentes zonas del país, además de los procesos de conservación de las viviendas judiciales y del Palacio de Tribunales.

En cuanto a la gestión electrónica y atención a distancia, se han abierto permanentes desafíos y oportunidades de mejoras para el Poder Judicial.

La Comisión de Apoyo a la Tramitación Electrónica, presidida por el ministro Sergio Muñoz, ha ejercido con decisión el liderazgo en este ámbito, destacándose dentro del año pasado el fortalecimiento de la plataforma Conecta, de mejoras en la Oficina Judicial Virtual y del portal Trámite Fácil.

En el área de Recursos Humanos, quiero destacar el fortalecimiento de las iniciativas orientadas a mejorar la formación, capacitación, y la calidad de vida de las personas que integran el Poder Judicial. .

Durante el periodo se avanzó de manera importante en materia de sostenibilidad y cuidado del medioambiente y se obtuvo pre acreditación del Programa Estado Verde para el edificio central de la CAPJ.

Asimismo, se obtuvieron nuevas certificaciones en diseño y construcción sustentable y más de 20 se encuentran en proceso de acreditación. También se estableció un convenio para el uso de energías renovables en el sistema eléctrico de 67 tribunales y se avanzó en la elaboración del cuarto reporte de sostenibilidad del Poder Judicial.

Finalmente, hemos instaurado un enfoque más colaborativo entre los distintos organismos del Poder Judicial, de manera de trabajar en sintonía con otras instituciones del Estado y mejorar nuestro servicio.

Estos logros han sido posibles gracias a la dedicación y profesionalismo de cada una de las personas que integran la Corporación Administrativa del Poder Judicial, a quienes quiero ofrecerles mis más sinceros agradecimientos.

Ricardo L. Guzmán Sanza
Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial

MENSAJE DE LA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS

Comprometidos con el proceso constitucional

Durante 2022, la asociación intervino en el primer proceso constituyente conforme al texto “Jurisdicción y Nueva Constitución", avalados por una trayectoria de más de 30 años en la reflexión, estudio y propuestas para la gran reforma orgánica pendiente desde el retorno de la democracia y acodados por nuestros asociados en reiteradas asambleas ordinarias anuales en materia de gobierno judicial y diseño institucional de la judicatura.

En ese documento se propone la figura de un órgano técnico autónomo y gobierno judicial separado de la Corte Suprema, de integración mixta y paritario orientado a fortalecer la Independencia Judicial.

El desafío asumido a finales de 2022, cuando toma posesión la nueva directiva de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, es incidir decisivamente en el proceso constitucional que se iniciaría en enero de 2023, instalando en dicho proceso los aspectos centrales de los acuerdos gremiales en materia de gobierno judicial emanados de la Convención Nacional de Puerto Varas, celebrada entre los días 30 noviembre al 3 de diciembre 2022. Tales conclusiones abordaron materias relativas a la separación de funciones jurisdiccionales de las extra jurisdiccionales radicadas en las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema, en aplicación del artículo 82° de la Constitución del ’80, presencia mayoritaria en la orgánica de gobierno judicial e inamovilidad hasta los 75 años, entre otras.

En el mes de diciembre del año 2022 y, el mismo día de asumir la nueva directiva nacional, se comenzó a trabajar en la necesidad de poner en práctica la garantía de Irreductibilidad o Intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados y magistradas, manteniendo reuniones y participación en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados como en la del Senado de la República, logrando finalmente sostener ese principio en parte al conseguir un porcentaje del reajuste para el sector público. Además, se obtuvo un protocolo de acuerdo, suscrito por la Comisión de Hacienda del Senado con el Ejecutivo, para sostener en lo demás los ingresos mediante dos etapas del año 2023.

Este compromiso ocupará la agenda gremial durante el año 2023, pues es un espacio central en las prioridades asumidas por la directiva que presido y que emana del mandato que los asociados nos dieron en las urnas y de la consulta formulada en el marco de la tramitación de la ley de reajuste del sector público, en la que casi 700 jueces y juezas se pronunciaron otorgando una amplia mayoría para la defensa de la irreductibilidad.

Por su parte, las juezas y jueces asociados trabajaron al interior de nuestra organización en siete comisiones temáticas para el estudio técnico de las materias de su competencia. Los insumos que resultan de cada comisión son extraordinariamente valiosos a la hora de dar respuesta a consultas de diversa procedencia y constituyen el núcleo para el trabajo asociativo, ya que es a través de ellas que asociadas y asociados pueden participar y contribuir activamente con el gremio y los temas en los que se involucra y compromete sus esfuerzos, lo que se vuelca en nuestro contacto con autoridades, la academia y los medios de comunicación.

En materia de relaciones internacionales, nuestra asociación participó en diversas actividades en el seno de los organismos regionales y globales que integramos: la Unión Internacional de Magistrados (UIM) y la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), que se desarrollaron de manera presencial.

Las tareas para el año 2023 y el futuro del Poder Judicial están íntimamente relacionadas, pues en el proceso constitucional en curso que culmina a fines de este año se definirá la fisonomía de la Judicatura de las próximas décadas. No cejaremos en ocupar todas las herramientas disponibles para aportar con nuestro acervo y nuestras reflexiones en todos los espacios posibles, para ello necesitamos el concurso de todos y todas.

La asociación y sus prioridades se definen entre todos y trabajaremos arduamente para conseguir que la democracia interna se fortalezca.

Mariela Hernández Acevedo.
Presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL

Un gremio que crece pensando en la eficiencia y un mejor servicio judicial

El año 2022 fue un periodo de decisiones para el futuro de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, APRAJUD, pues los cambios provocados por la pandemia de Covid-19 hicieron que se adoptaran nuevas formas de trabajo y se orientarán los esfuerzos en cuidarnos y cuidar a nuestros más de 1.100 asociados y asociadas.

APRAJUD es una asociación gremial que representa a los y las profesionales del Poder Judicial, en todos los tribunales en sus diferentes jurisdicciones, a lo largo de todo el país, en las unidades laborales y también en la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Al ser la voz y representación de los y las profesionales de la gestión del servicio judicial, la asociación en 2022 tuvo como desafío principal mantener la atención a los intervinientes y público en general con la tramitación de las causas, en un periodo de transición sanitaria por los efectos de la pandemia.

En esta línea, APRAJUD veló por mantener los altos estándares de servicio, usando principalmente el sistema telemático o teletrabajo, en todas sus modalidades. Esto permitió desarrollar sin inconvenientes las audiencias junto a los sistemas de turnos para las actividades presenciales definidas como absolutamente necesarias en todos los tribunales del país, pensando siempre en un retorno gradual al funcionamiento normal en cada jurisdicción.

Para nosotros, lo más destacable de este periodo fue el nivel de debate, organización, elaboración de propuestas y acción de incidencia del gremio en la discusión constitucional que se abrió con la convención y que actualmente se replica con el Consejo Constitucional, donde también hemos llevado nuestros planteamientos.

APRAJUD cree firmemente que la Gobernanza Judicial debe contar con una real separación de las labores jurisdiccionales de las administrativas, para que tengamos gestores de la administración en las instancias y procesos de toma de decisión, para que no haya en Chile un gobierno de jueces para jueces sino que, en una integración con voz y voto, las y los profesionales puedan aportar sus experiencia y metodologías a un mejor, moderno y más eficiente servicio judicial.

Las lecciones de estos últimos dos años llaman a que nuestra asociación vele por un retorno al trabajo presencial gradual a las funciones y tratar de mantener las labores telemáticas que llegaron para quedarse y que buscamos que se regule como lo establece el Acta 41-2020 de la Corte Suprema.

Otro de los desafíos como gremio es que en 2023 y 2024 finalmente logremos la ansiada y anhelada nivelación de remuneraciones que afecta a más de 450 asociados y asociadas, donde estamos buscando se termine con el desequilibrio en la escala de sueldos.

En esa misma línea, en diciembre de 2022, APRAJUD trabajó fuertemente en que los y las profesionales no fueran excluidos del reajuste del sector público en un 12%, por los nocivos efectos de la inflación. Y, en unión con otros gremios del sector justicia, llevó al compromiso del Gobierno de enviar un proyecto de ley a fines de julio de 2023 que compense esta alza durante el año 2023 tras los acuerdos en la Comisión de Hacienda del Senado a fines de 2022.

Asimismo, la asociación ha buscado en la Comisión de Remuneraciones, que se conformó para estos efectos, que se dé una prórroga del sistema de incentivo al retiro y también perseguir el reajuste general de nuestras remuneraciones congeladas hace más de 15 años. También promover que exista una ESCALA ÚNICA DE SUELDOS en el Poder Judicial para poder nivelar las erróneas asignaciones o la falta de homologación de cargos respecto de sus rentas para las y los funcionarios del Poder Judicial y de Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Y en nuestra labor gremial interna, durante 2022 nuevamente tuvimos elecciones nacionales. Como siempre, buscamos democratizar las funciones sindicales con la activa participación de nuestras unidades regionales, en todo el país, para que se empoderen en sus roles dirigenciales y permitan tener una mayor cobertura e incidencia en los temas que nos convocan a representar a más de 1.100 profesionales en todo el territorio nacional.

APRAJUD, sus dirigentes y todos sus asociados y asociadas, están absolutamente comprometidos en mejorar el acceso y la administración de la justicia en Chile, con una mirada técnica y propositiva, con ideas innovadoras y nuevos métodos de gestión. Siempre pensando en el bien colectivo, porque un mejor servicio judicial fortalecerá a tener una mejor resolución del conflicto social, y por ende incrementará la calidad de democracia en el país.

Patricio Aguilar Paulsen
Presidente Nacional de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial APRAJUD

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS TÉCNICOS DEL PODER JUDICIAL

Desafíos pendientes para lograr el pleno cumplimento de nuestra misión

Es importante reconocer que la Asociación Nacional de Consejeras y Consejeros Técnicos del Poder Judicial de Chile, ANCOT, es una asociación gremial que agrupa a profesionales de la Psicología y el Trabajo Social, que nace y se forma con la creación, por ley, del cargo de Consejeros Técnicos en los Juzgados de Familia (Ley 19.968). Hasta entonces existía la Asociación Nacional de Asistentes Sociales, reconocida dentro y fuera del Poder Judicial por su gran trabajo gremial, aportes a la profesión, cohesión, calidad profesional y personal de sus asociados.

Es importante relevar que nuestros objetivos son velar y promover el mejoramiento de las condiciones de trabajo y económico de sus asociados y asociadas, procurando el perfeccionamiento profesional y la especialización constante, fomentando la cooperación e intercambio científico y profesional.

Nuestra función técnica, especializada y de alto compromiso a los fenómenos psicosociales y las dinámicas a las cuales los Tribunales de Familia se ven enfrentados y donde el consejo técnico ejerce una acción relevante, que está sustentada en normas legales principalmente en la entregada por el legislador en la Ley 19.968, como en otras asociadas y que hacen cada vez más indispensable la participación de esta función en los tribunales mencionados.

Desde nuestra mirada debe reconocerse desde los actores internos y externos del Poder Judicial que la creación de los Tribunales de Familia a través de la Ley 19.968 significó un paso fundamental en el avance de una instancia judicial cuyos procedimientos permitieran abordar la resolución de los conflictos de familia desde una perspectiva integral y con un enfoque multidisciplinario. Por otro lado, significó el establecimiento de un proceso respetuoso de las disposiciones contenidas en la Convención de los Derechos del Niño.

En el centro del quehacer de estas relevantes instancias jurisdiccionales han estado los consejos técnicos y las y los profesionales que laboran en ellos. Lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en dicha ley, en particular a su artículo 5° que definió como su principal función la de “asesorar, individual o colectivamente a los jueces en el análisis y mejor comprensión de los asuntos sometidos a su conocimiento, en el ámbito de su especialidad”. Como gremio, estamos convencidos que ha sido esta labor la que ha marcado un antes y un después en este ámbito.

Hoy nos destacamos como profesionales altamente especializados en asesorar a la magistratura de familia en los aspectos psicosociales de los asuntos a resolver. Y esta especialización se ve refrendada por un hecho evidente: somos los únicos profesionales del Poder Judicial, a los cuales la propia ley les obliga a contar con formación postgradual universitaria.

No obstante, sucesos recientes nos recuerdan que existen diversos aspectos de nuestra labor cuya comprensión debe ser difundida y profundizada en diversos espacios de toma de decisiones. Al respecto, como auxiliares de administración de justicia y asesores psicosociales deseamos aportar en la identificación de los desafíos pendientes para lograr el pleno cumplimento de nuestra misión, siempre es estricto cumplimiento de nuestros deberes a la par de un estricto respeto a los derechos humanos y laborales de los cuales somos merecedores. Algunos de estos desafíos son los siguientes:

• Relevar la importancia de nuestro rol de asesor por sobre otras funciones administrativas. Al respecto, es necesario recordar que tras un extenso estudio y trabajo coordinado con el Departamento de Desarrollo Institucional (DDI) de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y la entonces Ministra Rosa María Maggi, el Pleno de la Corte Suprema dictó la AD-1909-2015, en la cual recomienda a los juzgados con competencia en familia “ajustarse a las normas legales y a las directrices sentadas o envueltas en las actas emanadas por esa Corte y abstenerse de encomendar a dichos profesionales cualquier otra tarea que no se encuentre en debida relación con las funciones asociadas a sus cargos”.
• Se debe subsanar la evidente falta de norma legal que haga imperativo el pronunciamiento por parte de la magistratura respecto a las opiniones técnicas emitidas por algún miembro del Consejo Técnico en relación con un caso determinado. Aun cuando la Ley de Familia contempla el rol de asesor del consejo técnico y, especifica como requisito la especialización académica en infancia y familia, la asesoría a la magistratura es esencialmente facultativa, lo que impide que las decisiones judiciales en este ámbito consideren obligatoriamente los aspectos psicológicos y sociales involucrados. Incluso, pese a que hoy la asesoría técnica no es vinculante para el juez de familia pudiendo fallar en contra de dicha opinión, estimamos que dicho fallo debería necesariamente incorporar un pronunciamiento explícito sobre las razones por las cuales no comparte la correspondiente opinión del profesional miembro del consejo técnico.
• Es necesario reforzar y establecer una justicia humana, empática y respetuosa de los tiempos que cada conflicto de familia e infantojuvenil requiere en particular. La política de administración de la judicatura, si bien ha conllevado aumentos sustantivos en la productividad de los tribunales, al privilegiar la mejora de indicadores estadísticos en el ámbito de los juicios de familia, ha generado una disminución del tiempo razonablemente requerido para atender cada caso en singular. Esta situación se hace especialmente gravosa en los casos en los cuales, por su complejidad, se requiere una dedicación especialmente extensa.
• Es necesario extender la presencia de los consejos técnicos a otros ámbitos e instancias judiciales. Estimamos que, por su especial relevancia, la consejería técnica no puede circunscribirse exclusivamente a los Tribunales de Familia. Los avances en ámbitos relacionados a la declaración de NNA víctimas de delitos por medio de las entrevistas video grabadas, salas de entrevistas especializadas, responsabilidad penal adolescente, entre otros, requiere de la misma asesoría interdisciplinaria que en la judicatura de familia. Resulte esencial que el aporte psicosocial plasme las decisiones jurisdiccionales tanto en la justicia penal, así como en los tribunales de segunda instancia, pues en justamente en estos últimos en donde se requiere la más alta fundamentación legal pero enriquecida a la vez con el aporte experto de las ciencias sociales para asegurar el resguardo integral de derechos.
• Se requiere un esfuerzo de capacitación que dé cuenta de los cambios sociales y legales experimentados en la última década. Como gremio, estimamos este aspecto corresponde a una necesidad imperiosa para jueces, juezas y las personas profesionales miembros del consejo técnico debido al vertiginoso cambio social experimentado en los últimos años y, en especial, producto de la complejidad que en relación a su estructura y dinámicas internas ha experimentado la familia como ente social.
• Se requiere vencer la evidente asimetría que existe entre la carga laboral de las personas miembros del Consejo Técnico y la remuneración asociada al cargo. Tal como fue altamente fundamentado en el informe presentado a esta Alta Corte el año 2019 denominado “Fundamentos de la Asignación de Responsabilidad para los Consejeros y Consejeras Técnicas del Poder Judicial de Chile”, la asimilación automática del nuevo rol al escalafón existente previamente de asistentes sociales significó una asimetría de origen entre la productividad de este nuevo rol y la remuneración recibida. Peor aún, esta asimetría se ha ido profundizando desde entonces debido a las diversas disposiciones económico-administrativas dictaminadas por la Corte Suprema a través de diversos auto acordados y actas en las cuales se ha ido paulatinamente aumentando las funciones a desarrollar por los consejeros técnicos sin que ello conlleve mejoras coherentes en materia salarial.

A todo esto se suma la Ley N° 21.378, que asigna otras funciones al consejo técnico, por lo que debieron adecuarse los procedimientos de cada unidad jurisdiccional para dar cumplimiento a lo ordenado, preocupando a nuestra asociación gremial el impacto en la carga laboral que actualmente están inmersos las consejeras y los consejeros técnicos del Poder Judicial, sobre todo por el aumento sostenido en el número de causas y complejidades en todas las materias, principalmente en materias tan sensibles como lo es la violencia intrafamiliar y la vulneración de derechos que afectan a los niños, niñas y adolescentes, donde nuestro enfoque y mirada profesional con sustentos teóricos y técnicos pertinentes para la comprensión y resolución de los asuntos que se ponen en conocimiento de los tribunales a lo largo del país es prioritaria, carga laboral que se ha visto amplificada por las modificaciones legales que se han verificado en el último tiempo, tales como, Ley Nº 21.302 (que crea el Servicio Mejor Niñez), Ley Nº 21.331 (de Reconocimiento y Protección de los Derechos de las Personas en la Atención de Salud Mental), Ley 21.430 de Garantías de la Niñez y Adolescencia, como la AD 557-2022 que establece principalmente la ampliación de nuestra jornada laboral, todas modificaciones que han generado mayores recursos de tiempo, dedicación y esfuerzo por parte de cada consejero técnico sin venir acompañado una disminución de otras funciones que ya estaban contempladas por la ley como en distintos autos acordados antes referidos.

Por lo anterior es un desafío para el siguiente año por parte de nuestra asociación que las nuevas asignaciones de funciones, requiere movilizar una adecuación por parte de todos los actores del sistema judicial como necesariamente la revisión de procedimientos y funciones que actualmente se desarrollan en los tribunales, sobre todo para dar efectivo cumplimiento a las funciones esenciales que están dadas al estamento del consejo Técnico por ley.

Eduardo Andrés Quijón Aravena
Presidente Nacional de la Asociación Nacional de Consejeras y Consejeros Técnicos del Poder Judicial de Chile, ANCOT

MENSAJE DE LA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADAS Y EMPLEADOS JUDICIALES

Un nuevo directorio nacional con prioridades clave

El actual directorio nacional de la Asociación Nacional de Empleadas y Empleados del Poder Judicial, ANEJUD Chile, asumió en abril de 2022 para cumplir con la conducción del gremio durante dos años. Está conformado en su totalidad por dirigentes representantes de regiones e integrado como su presidenta nacional, doña Lilian Huanca Borja; como vicepresidenta, doña Claudia Oporto Toledo; como secretaria, doña Raquel Arias Norambuena; como tesorero, don Davis Riquelme Montoya; como protesorera, doña Jéssica Fuica Zúñiga; como directora, doña Marianela Herrera Vera y como directores, don Manuel Alvarado Alvarado, don Rodrigo Salinas Rivera y don Juan Carlos Hidalgo Zepeda.

El plan de trabajo de ANEJUD, para este periodo, se enfocó en tres áreas: derechos laborales y defensa gremial; modernización, participación y crecimiento; y, formación, capacitación y empoderamiento. Ellas destacan los principales desafíos que como directorio nos propusimos y establecen la posición del gremio sustentada en el mandato y en el trabajo de los últimos años.

Con nuestras bases acordamos trabajar en las mejoras salariales, ya que son esenciales para lograr una vida digna para nuestras y nuestros socios. Por ello, hemos emprendido negociaciones en pos de una mejora en las remuneraciones. Durante el año 2022, el directorio nacional se fijó como desafío abrir el diálogo con todos los actores políticos (Gobierno, Parlamento y Corte Suprema) para instalar las principales solicitudes en materia laboral y salarial, manifestando nuestras demandas vinculadas principalmente a carrera funcionaria, mejoramiento salarial, condiciones laborales, violencia y acoso laboral, y ley de incentivo al retiro.

Estas peticiones también fueron planteadas al Presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, en dos oportunidades: el 22 de junio y el 21 de noviembre de 2022. En la primera reunión, expusimos la necesidad de adecuar el acta 41 para definir correctamente la jornada laboral en régimen de teletrabajo y regular el derecho a desconexión. En la segunda informamos a la máxima autoridad del Poder Judicial que el gremio iniciaría un trabajo con las bases para retomar las demandas salariales congeladas y solicitar la prórroga de la vigencia del incentivo al retiro que caduca en 2024.

En concordancia con lo anterior, ANEJUD conforma una Mesa de Trabajo de Remuneraciones e Incentivo al Retiro compuesta por dirigentes y dirigentes de base, elegidos en el Consultivo Nacional de septiembre de 2022, instancia interna que trabajó arduamente en la revisión de la propuesta que se estaba negociando en el año 2019 y que fue diligente a la hora de fijar sus objetivos, discutir las demandas y plantear la necesidad de empezar a conversar con los distintos actores involucrados en el proceso.

Para seguir reforzando la participación de las bases y abordar aquellas materias de interés gremial acordadas en convención y consultivos nacionales, además de la Mesa de Remuneraciones e Incentivo al Retiro, se conformó la Mesa de Tribunales de Familia y la Mesa de Trabajo de Ayuda Social que impulsó la campaña solidaria para ir en ayuda de las socias y los socios afectados por los incendios del sur.

Durante el periodo 2022, continuamos trabajando en cada una de las mesas de trabajo y comisiones de la Corte Suprema, llevando la voz de las empleadas y los empleados judiciales, relevando los principales desafíos asociados a la recarga laboral, al retorno seguro a la presencialidad, como así también, a deficiencias detectadas en el ámbito de la infraestructura, la tecnología y falta de dotación en los tribunales, sobre todo en los Juzgados de Familia debido a la alta demanda generada por las entrada en vigencia de leyes e iniciativas gubernamentales. Al respecto, se hace referencia a algunas inquietudes del gremio vinculadas al respeto del horario de atención a público en la Oficina Judicial Virtual y el derecho a desconexión.

Tema relevante para esta asociación es la realidad que viven decenas de funcionarias judiciales que han sido y siguen siendo objeto de violencia, acoso laboral y sexual. Debido a este tipo de situaciones, nos sumamos al llamado del Comité Nacional de Mujeres de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) para ratificar el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, bajo la consigna “La erradicación de la violencia empieza por casa”, slogan que fue parte del Día Internacional de la No Violencia el pasado 25 de noviembre. También, impulsamos campañas para visibilizar la violencia y el acoso sexual, algo que no es ajeno el Poder Judicial.

Por otro lado, respecto de la política de alianzas, se vio materializada en las acciones que se emprendieron en los comités internos de la Corte Suprema. En este marco, los gremios se coordinaron para instalar sus propias demandas como fue la solicitud de seguir ejerciendo labores en modalidad de teletrabajo en aquellos casos especiales en que el funcionario o la funcionaria judicial esté a cargo del cuidado de un hijo o hija menor o con TEA, Síndrome de Down o enfermedad grave. También que sea cuidador de un progenitor no autovalente.

A nivel interno, fortalecimos, el Departamento Jurídico de nuestro gremio, con la capacitación a las ANEJUD Regionales sobre el uso de la plataforma de denuncia por acoso laboral y/o sexual y de esa manera, poder responder eficazmente a la defensa gremial que nuestras socias y socios requieran.

Por su parte, implementamos un plan de mantención, abastecimiento y mejoramiento de los centros vacacionales y hogar judicial de ANEJUD, así como también, se desarrolló un plan de tesorería acorde a las observaciones de la Convención Nacional Ordinaria 2021.

Desde el eje de “trabajo, formación, capacitación y empoderamiento”, durante el periodo, se promovió el Tercer Año de la Escuela Sindical “Luis Cerda Castro” y se puso énfasis en la formación dirigencial, con perspectiva de género y juventud sobre materias como violencia y acoso, comunicación, oratoria y liderazgo. Además, bajo el alero del departamento de capacitación interno, se puso en marcha la subcomisión de ciencia y tecnología y la plataforma ANEJUD Responde, instancia en que la dirigencia pueda resolver consultas a las socias y los socios ANEJUD.

Lilian Huanca Borja
Presidenta Nacional ANEJUD Chile

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

El nacimiento de la ANFUCAPJ

Fue en 2022, en particular el 6 de abril, cuando 333 funcionarios y funcionarias de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) nos reunimos, nos volvimos a encontrar presencialmente en dependencias de la CAPJ nivel central y dimos vida a nuestra propia y primera asociación gremial. Sin duda ese es nuestro gran logro del año 2022.

Ese alto número no sólo nos permitió nacer, sino que posibilitó que constituyéramos nuestra primera directiva provisoria con cinco integrantes, algo inesperado, y que nos llenó de orgullo por traspasar con creces nuestros primeros pronósticos de participación.

De allí en adelante sólo buenas noticias: dimos charlas explicativas de nuestro trabajo mediante videoconferencias en todo el país; abrimos un canal digital de adhesión y membresía para así facilitar la participación de nuestros colegas de regiones; duplicamos nuestros asociados; fuimos incorporados oficialmente en los comités de la Corte Suprema; participamos en esos comités y en otras instancias ad hoc de esa misma instancia.

También dimos nuestro primer discurso ante el Tribunal Pleno de la Corte Suprema en el contexto de las jornadas de reflexión; participamos en la discusión de las normas transitorias del proceso constituyente; realizamos nuestra primera Asamblea Ordinaria; materializamos un proceso exitoso para constituir nuestra directiva definitiva para el bienio 2022-2024 con un altísimo porcentaje de participación (85%) y mediante un moderno proceso de votación electrónica; participamos en la tramitación de la ley de reajuste del sector público; consultamos a nuestras bases respecto a qué temas debíamos atender con prioridad; logramos convocar a más de 50 delegados de todas las jurisdicciones y departamentos de la CAPJ para participar en diversas instancias y en especial para integrar las 5 mesas de trabajo que están desarrollando los temas que nos urgen como funcionarios y funcionarias (carrera funcionaria, recursos humanos, estructura CAPJ 2.0, teletrabajo ordinario y beneficios).

Asimismo, logramos establecer oportunamente un sistema de asistencia jurídica gratuita para nuestros socios y socias (apelación de calificaciones; anotaciones de demérito; sumarios y no renovación de contrata) mediante la contratación de abogados expertos en derecho público.

En suma, en pocos meses y durante todo el año 2022, participamos activamente en cada una de las tareas que nos propusimos, concentrados en las tareas de 2023 y, en especial, en preservar nuestra institución en la discusión constitucional, promoviendo el reconocimiento de nuestro trabajo que, desde 1990 y por más de tres décadas, ha permitido modernizar y hacer más accesible la justicia a la ciudadanía.

Rodrigo Escudero Cárdenas
Presidente ANFUCAPJ

MENSAJE DEL DIRECTOR DE LA ACADEMIA JUDICIAL

Mejoras en la formación y capacitación

No es fácil resumir en pocas palabras lo que fue un intenso año de trabajo para la Academia Judicial. Como es natural, la mayor parte de nuestros esfuerzos se concentraron en el desarrollo de los cursos que tradicionalmente ofrece nuestra institución: los de formación, perfeccionamiento y habilitación.

Respecto a los primeros -los de formación- se concluyeron durante el año 2022 los programas 80 y 81 y se iniciaron los procesos de selección para otros dos, los 82 y 83. Adicionalmente, se realizó una completa revisión del sistema de pasantías, aprobándose varios ajustes, los que actualmente están en proceso de implementación.

En materia de perfeccionamiento, el año 2022 fue el último en que solo pudimos ofrecer cursos en línea, realizándose 260 ejecuciones de estos, para un total de 6.871 alumnos, lo que constituye un 50% más de destinatarios que el año anterior. De esos, 33 correspondieron a cursos nuevos construidos durante el año. Adicionalmente, 58 programas dictados por instituciones externas fueron homologados.

Como es habitual, el programa de habilitación realizó un curso para preparar a 17 futuros ministros y ministras y fiscales y fiscalas.

Por otra parte, continuó durante el año el intenso trabajo para capacitar en la nueva ley de entrevistas videograbadas, en atención a la entrada en vigencia de la tercera y final etapa de implementación. Con tal objetivo se realizaron 7 cursos básicos (para 225 alumnos), 8 cursos para preparar intermediadores (con 42 alumnos) y el programa de formación continua para estos (que logró la revalidación de 46 acreditaciones).

Pero esas no son las únicas actividades de capacitación que realizó la Academia Judicial. Con el fin de contar con una oferta variable que le permita abordar con suficiente flexibilidad las diversas necesidades de capacitación de los y las funcionarios judiciales, hemos ido conformando una batería muy variada de actividades y recursos. Entre otras, corresponde aquí mencionar las múltiples actividades de extensión que realizamos, donde destacan 31 seminarios y charlas, con un total de 6.010 asistentes y 4 grupos de reflexión para analizar con detención temas y problemas de interés judicial.

Un esfuerzo importante hemos dedicado a la producción de recursos de capacitación jurídica, especialmente pensados en las necesidades judiciales en el país. Se elaboraron 23 textos, bajo la denominación de “materiales docentes”, que abordan temas muy variados, tanto jurídicos como organizacionales. También se desarrollaron 3 compilados normativos, que contienen un catastro completo de la legislación internacional y nacional en materias de gran relevancia para el quehacer judicial. Igualmente, se elaboraron 11 reportes de actualización normativa y 7 cápsulas con el mismo fin.

Mención aparte merece el proyecto de guías para la conducción de audiencias, en las cuales se contienen las mejores prácticas judiciales de una manera ordenada y fácil de consultar, así como videos, jurisprudencia y modelos de resoluciones. Durante el año 2022, se elaboraron nuevas guías para los procedimientos, monitorio, simplificado, abreviado y la audiencia de preparación del juicio oral, todas ellas de tribunales de garantías y, en el caso de los laborales, para las audiencias preparatoria, del procedimiento monitorio, de conciliación y juicio.

Todos los recursos antes mencionados están disponibles para consulta y descarga, en forma gratuita y sin limitación alguna, a través de la página web de la Academia Judicial.

Esperamos que todo este trabajo, fruto del esfuerzo del equipo profesional de la Academia Judicial y de los y las docentes que colaboran cotidianamente, bajo la conducción de su Consejo Directivo, redunde en funcionarios y funcionarias judiciales mejor preparados y con más herramientas para el desarrollo de sus funciones y, lo que es el fin último de estas acciones, en una mejor justicia para nuestros compatriotas.

Juan Enrique Vargas Viancos
Director Academia Judicial