La Asociación de Funcionarias y Funcionarios Judiciales (OTJ) nos permitimos aportar a esta memoria 2023 con una visión una mirada crítica del Poder Judicial, un poder tan importante para la sociedad y para la democracia. Los logros en materia de avance de justicia y estadísticas los dejaremos a la Excelentísima Corte Suprema y la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que de seguro entregarán datos importantes en estas materias; nosotros nos dedicaremos hacer una reflexión distinta desde esta pequeña tribuna.

En primer lugar, el 2023 fue el año de nuestra constitución como asociación y coincidió, además, con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en nuestro país, razón por la cual resulta inevitable decir algo sobre el rol que tuvo el Poder Judicial durante la dictadura, como dispositivo a través del cual el poder fáctico civil-militar intentó hacer ver como «legal» su actuación fuera de la Constitución y las leyes de la República. Es así que todos los integrantes de la Corte Suprema de la época otorgaron su beneplácito e íntima complacencia, tanto al golpe de Estado, como al orden autoritario, siendo por lo tanto partícipes de lo ocurrido en aquellos años, sin perjuicio del rol que tuvieron las asociaciones gremiales de la época, que las llevó a entregar a sus propios pares para exonerarlos y, en los casos más graves, someterlos a prisión política y tortura, además de forzarlos al exilio. Cabe recordar que en el año 2013 la Excelentísima Corte Suprema señaló que «No cabe sino reconocer que esos atropellos efectivamente ocurrieron durante la dictadura, que en parte se debió a la omisión de los jueces de la época, que no hicieron lo suficiente para investigar las violaciones a derechos humanos e impedir que siguieran ocurriendo». La Corte Suprema reconoce omisiones, pero no realiza un reconocimiento explícito de su rol como un poder al servicio de una dictadura larga y homicida, como tampoco una petición de perdón a las víctimas y a las chilenas y chilenos en general.

En segundo lugar, es menester reconocer el trabajo realizado en todas las unidades y tribunales del país por los funcionarios y funcionarias de menor escalafón, quienes sostienen la justicia en Chile. Cabe mencionar que los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial son más de trece mil y la mayoría no pertenecen al escalafón primario, por lo que sus sueldos son considerablemente más bajos que el escalafón de jueces y ministros. Además, en ocasiones son objeto de acoso laboral y sexual, y deben enfrentar la precariedad de las instalaciones y una estructura decimonónica y jerárquica que requiere urgentemente ser reformada en beneficio de nuestra sociedad.

Por otra parte, el Poder Judicial en el año 2024 conmemorará los 200 años de existencia de la Excelentísima Corte Suprema y se hace necesaria la reflexión de lo que se ha hecho en términos del bienestar de sus funcionarios y funcionarias, la democratización de los espacios, los avances en materia de género, la vinculación con la ciudadanía, la tardanza de la justicia, entre otros aspectos. También es oportuno definir cómo el Poder Judicial se proyecta hacia el futuro: como un poder aún con trabas que se arrastran desde hace dos siglos, o como un poder moderno, con proyección, donde todas y todos los trabajadores —de todos los escalafones— podamos aportar a construirlo y desarrollemos un espacio seguro en el que la justicia empiece por casa, la carrera funcionaria se haga real, el tráfico de influencias no exista, y la relación laboral sea de respeto y reconocimiento hacia los funcionarios y funcionarias; donde la independencia sea jurisdiccional y no una independencia de hacer lo que se les venga en ganas con sus subalternos y se abuse del poder y de la impunidad en actos de atropello a la dignidad de los trabajadores y trabajadoras, es decir, donde el funcionario y la funcionaria se sientan orgullosos de pertenecer a este gran poder del Estado, que es cimiento fundamental de la democracia y el último refugio de los ciudadanos para hacer frente a las injusticias de la sociedad.

De acuerdo con lo anterior, podemos afirmar que estamos situados en un momento histórico que no podemos pasar por alto. Estamos llamados a romper con los paradigmas y a situar a nuestra organización de trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial en el debate de todos aquellos aspectos que nos afectan. En nuestra organización promovemos la no discriminación, el respeto, la protección de los DDHH, la democracia interna como método de toma de decisiones, la libertad de opinión y pensamiento, y la unidad de nuestra organización como una efectiva herramienta para la conquista de más y nuevos derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Marcelo Acevedo Vallejos

Presidente Nacional de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios Judiciales (OTJ)