La Asociación Nacional de Consejeras y Consejeros Técnicos del Poder Judicial de Chile (ANCOT), que agrupa a profesionales de la psicología y el trabajo social, nace y se forma con la creación de los Consejos Técnicos en los Juzgados de Familia (Ley 19.968), como herederos de la Asociación Nacional de Asistentes Sociales.

La ANCOT se orienta a cautelar y defender la dignidad y el prestigio de la función del Consejo Técnico en la labor jurisdiccional, junto con instar y velar tanto por el constante mejoramiento de la administración de justicia en todos sus ámbitos como por el bienestar y la dignidad de sus asociados y asociadas. Dentro de nuestros objetivos destacan la defensa del rol y la relevancia de la Consejería Técnica como auxiliares de administración de justicia, la promoción del mejoramiento de las condiciones laborales, remuneracionales, de vida y de trabajo de sus personas afiliadas y el perfeccionamiento profesional y la especialización constante para dar respuesta a las exigencias de los vertiginosos cambios sociales y su correspondiente ejercicio de derechos.

Las nuevas normativas asociadas a la Ley de Garantías de la Niñez, el reconocimiento y la protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental, el cambio de sexo registral, las modificaciones a la Ley de Violencia Intrafamiliar en cuanto a la pauta de riesgo unificada, la aplicación de monitoreo telemático y el reconocimiento de la violencia económica y patrimonial necesitan de la experticia psicosocial como apoyo a la magistratura, puesto que la norma en sí misma nunca será suficiente para dar respuesta a la realidad de cada persona. Se requiere la mirada psicosocial, sistémica e integral como insumo primordial a la decisión jurisdiccional, cuestión que desde el origen de la ley que Crea los Tribunales de Familia el legislador comprendió definiendo como requisito de cargo la acreditación de formación especializada en materias de familia e infancia posterior al pregrado.

Durante 2023 y tras 18 años de la Reforma de Familia, seguimos demandando el respeto a nuestras funciones para poder cumplir con alto estándar de excelencia el aporte esencial para la justicia de familia. Esto nos llevó a mantener como objetivo gremial primordial el relevar la importancia de nuestro rol asesor por sobre otras funciones administrativas, las que, pese a la dictación de la AD-1909-2015, en la que el Pleno de la Corte Suprema recomendó a los juzgados con  competencia  en  familia  «ajustarse  a  las  normas  legales  y  a  las  directrices  sentadas  o  envueltas  en  las  actas  emanadas  por  esa  Corte  y  abstenerse  de  encomendar  a  dichos  profesionales  cualquier  otra  tarea  que  no  se  encuentre  en  debida  relación  con  las  funciones  asociadas  a  sus  cargos», siguen quedando a la interpretación de cada unidad jurisdiccional, por lo que se priorizan funciones propias de las unidades administrativas en desmedro de las instancias de asesoría directa a la magistratura. Como respuesta ante esto, la Asociación definió como objetivos, acciones y propuestas prioritarias:

Subsanar la evidente falta de norma legal que haga imperativo el pronunciamiento por parte de la magistratura respecto a las opiniones técnicas emitidas por algún miembro del Consejo Técnico en relación con un caso determinado. En la actualidad, la asesoría a la magistratura es facultativa, lo que impide que las decisiones judiciales consideren por obligación los aspectos psicológicos y sociales involucrados.

Reforzar y establecer una justicia humana, empática y respetuosa que cada conflicto de familia requiere. La política de administración de la judicatura, si bien ha conllevado aumentos sustantivos en la productividad de los tribunales, al privilegiar la mejora de indicadores estadísticos en el ámbito de los juicios de familia, ha abandonado el tiempo requerido para atender cada caso con el respeto y acogida necesaria, aumentando el riesgo de la victimización secundaria por parte del sistema judicial.

Extender la presencia de los Consejos Técnicos a otras judicaturas. Los avances legales en que están involucrados niños, niñas, adolescentes y víctimas de violencia requieren de la misma asesoría interdisciplinaria que en la judicatura de familia, por lo que es esencial que el aporte psicosocial plasme las decisiones jurisdiccionales tanto en la justicia penal como en los tribunales de segunda instancia, pues es justamente en estos últimos donde se requiere la más alta fundamentación legal y el mayor aporte experto de las ciencias sociales para asegurar el resguardo integral de derechos.

Reconsiderar la medida dispuesta en la AD-557-2022, que instruye el turno telefónico de los Consejos Técnicos a pesar del pronunciamiento de la ministra encargada de la Ley de Monitoreo Telemático y del Comité de Riesgo Psicosocial, y los argumentos planteados por nuestra asociación en el Pleno de la Corte Suprema.

Finalmente, fundamentado el trabajo propio del nivel profesional de la consejería técnica, es un requerimiento histórico y futuro de esta asociación gremial el vencer la evidente asimetría que existe entre la carga laboral y la experticia requerida de los consejos técnicos y la remuneración asociada al cargo, por lo que es fundamental fortalecer el trabajo de la mesa de remuneraciones de la Corte Suprema para corregir nuestra escala especial de sueldos por medio de la homologación a la escala de profesionales del Poder Judicial.

Eduardo Andrés Quijón Aravena

Presidente de ANCOT