Durante 2023, la Corporación Administrativa del Poder Judicial renovó su compromiso de entregar un servicio moderno, oportuno, cercano y de calidad a las más de 11.000 personas que trabajan en los 448 tribunales, 17 Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, conforme a los lineamientos entregados por el Consejo Superior y bajo la orientación del Plan Estratégico del Poder Judicial 2021-2025.

En este sentido, quiero destacar y agradecer el trabajo de todas las personas que integran la Corporación Administrativa desde Arica a Punta Arenas, quienes trabajan por brindar siempre un mejor servicio a los tribunales, jueces y juezas, funcionarios y funcionarias, a fin de mejorar el acceso a la justicia.

El año 2023, la Corporación Administrativa del Poder Judicial alcanzó una ejecución presupuestaria de un 99,91% del presupuesto total asignado, totalizando los M$719.835.213, lo que instala a nuestra organización dentro de las instituciones públicas con mejor ejecución del país.

A su vez, se implementó un nuevo sistema de gestión financiera, que permite el ingreso, aprobación y autorización de los procesos de compra y facturación, que facilita los procedimientos de compra y otorga transparencia y trazabilidad a los procesos de pago.

Durante este ejercicio, el Poder Judicial enfrentó los desafíos derivados del período después de la pandemia, que estableció una nueva forma de atender a las personas que acuden a tribunales, incorporando la atención remota, la que permite ampliar nuestros horizontes y atender a cada vez más personas.

Asimismo, la Corporación Administrativa, con el liderazgo de la ministra de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich, debió enfrentar la implementación de nuevas leyes, como la Ley 21.389, que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y la Ley 21.484, que ordenó la retención de los fondos que el alimentante tenga en sus cuentas bancarias u otros instrumentos financieros de inversión; la Ley 21.378 que establece monitoreo telemático en las leyes 20.066 y 19.968, además de modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y modificaciones a la Ley de Libertad Condicional.

La implementación de estas nuevas leyes obligó a la institución a destinar importantes recursos humanos, financieros y técnicos, en especial al proceso de coordinación con diferentes instiuciones de la administracion central del Estado, de manera de enfrentar adecuadamente la carga de trabajo asociada y entregar un servicio de calidad y oportuno a las personas, en esta oportunidad fortalecido a través de la creación de las 17 Unidades de Liquidación y el refuerzo de la dotación de consejeros técnicos en materia de familia. Esto, sumado a los esfuerzos realizados por los tribunales de todo el país, permitió atender oportunamente los requerimientos de las personas.

Adicionalmente, se ejecutó en su segundo año el proyecto de fortalecimiento transitorio de jueces y funcionarios post covid, el cual ha permitido avanzar de manera significativa en el logro del objetivo planteado —la reducción de los inventarios de causas en tramitación en los tribunales que durante el período fueron parte del programa—, logrando el cierre de 504.857 causas.

En el área de Infraestructura, seguimos avanzando en el diseño y construcción de nuevos y modernos tribunales y centros de justicia, conforme al Plan Quinquenal de Inversiones del Poder Judicial. En esta línea, destaco la inauguración del centro de justicia de Chillán; la nueva y moderna sede de la Academia Judicial y el nuevo Juzgado de Familia de Arica. Asimismo, el inicio de la construcción del Centro Judicial de Los Ángeles y las nuevas oficinas de la Secretaría Técnica de Género y no Discriminación del Poder Judicial. Además, este año se avanzó en el diseño de más de 20 edificios para tribunales y centros de justicia y en la adquisición de nuevos terrenos.

En el uso de nuevas tecnologías, la institución avanzó en el fortalecimiento de los sistemas para la realización de audiencias remotas, en la plataforma Conecta, y en mejoras a la Oficina Judicial Virtual y el portal Trámite Fácil. La plataforma Conecta PJUD siguió creciendo, ofreciendo a las personas usuarias del sistema de justicia nuevos puntos de acceso remoto a tribunales. Actualmente, existe un total de 221 unidades judiciales que cuentan con esta plataforma, con más de 1,8 millones de atenciones desde el inicio de este servicio.

Asimismo, se avanzó en el reforzamiento de la seguridad de la información y la ciberseguridad, a través de la adquisición de nuevos programas para el uso del doble factor de autentificación y de una estructura institucional y un sistema que le permita a la institución monitorear, identificar y protegerse oportunamente ante eventuales amenazas de ciberseguridad.

A su vez, se avanzó en la interconexión con otras instituciones, como Gendarmería de Chile y el Servicio de Libertad Condicional Integración, lo que facilita la entrega de información y la toma de decisiones durante las audiencias. Además, se adquirió equipamiento para la habilitación de salas de audiencia en modalidad semi presencial para Cortes de Apelaciones, tribunales orales y juzgados de garantía del país, y se adquirió equipamiento para el sistema de registro de audio y video en nuevas salas especiales para la declaración de niños, niñas y adolescentes.

En el área de Recursos Humanos, se capacitó a un total de 16.500 personas de manera presencial y/o remota y se continuó con el desarrollo de la plataforma RHRed, que permite que los tribunales puedan visualizar y solicitar los llamados a concurso a través de este medio y mantener actualizada la información de sus procesos.

Asimismo, se mejoró la accesibilidad del Portal Personas, que permite acceder desde cualquier dispositivo móvil a la realización de diversos trámites a todas las personas que integran el Poder Judicial y la Corporación Administrativa.

Destaca también la creación de sistema de administración del trabajo remoto, que da cumplimiento a la implementación del teletrabajo ordinario para todo el personal del Poder Judicial, y un sistema informático, que permite generar solicitudes electrónicas, revisión, tramitación, autorización y planificación a distancia para cada funcionario dentro una unidad judicial.

En materia de convenios interinstitucionales de capacitación, se entregaron mayores contenidos a la Plataforma de Estudios Virtuales del Poder Judicial, y se firmaron diversos convenios de colaboración en capacitación con organismos tales como el Tribunal Constitucional, Defensoría Penal Pública y la Corte de Justicia de San Juan, Argentina (este último en proceso de firma).

Finalmente, durante 2023 hubo un progreso importante en materia de sostenibilidad y cuidado del medioambiente, al avanzar en la implementación de la estrategia de sostenibilidad del Poder Judicial, con una campaña de ahorro y uso eficiente de recursos como papel, energía eléctrica y agua.

Todos estos logros son el resultado del trabajo de todas las personas que forman parte de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, quienes se han comprometido con los objetivos establecidos por el Plan Estratégico del Poder Judicial y con entregar un servicio oportuno, cercano y de calidad para todos los tribunales del país, jueces y juezas,  funcionarios y funcionarias.

 

Andreina Olmo Marchetti

Directora suplente Corporación

Administrativa del Poder Judicial

2024