2020 será recordado sin duda como un año particularmente complejo para el mundo, el país y el sistema de justicia chileno en su conjunto.

Cuando veníamos de enfrentar una grave crisis social e institucional, que puso a prueba el ejercicio del rol de jueces y juezas frente a la tutela de derechos fundamentales en dicho contexto, nos vimos enfrentados y enfrentadas a una serie de restricciones y particulares condiciones de vida y trabajo que nos impuso la pandemia, con efectos especialmente intensos para nuestras colegas mujeres.

Debimos adaptarnos rápidamente como buena parte de la población a un nuevo orden, que probablemente habría de prolongarse por un tiempo indeterminado hacia adelante desde la publicación de estas páginas.

Siendo la búsqueda de la certeza un elemento vital en nuestro profesión, carentes ahora de ella en muchos aspectos en nuestro diario vivir, debimos ir sorteando este transe en compañía de quienes son nuestros colaboradores más cercanos, y es por ello que ante el desafío que se nos avecinaba, logramos aunar intereses y proponer soluciones comunes para los problemas que se iban presentando junto a los demás gremios del Poder Judicial.

No es ni ha sido fácil considerando el a veces frío impulso del servicio, que suele poner más énfasis en los guarismos e intendencias que en las personas, pero contamos con la libertad para expresar nuestras diferencias de opinión cada vez que ha sido necesario en ejercicio de la representación que investimos.

En tal sentido debo reconocer que hemos sido escuchados, lo que no es poco considerando el lento reconocimiento de nuestros derechos colectivos que vivimos desde la entrada en vigencia de la ley 19.296 respecto de las juezas y los jueces, para cuya dirigencia gremial supuso un hito gracias al trabajo de quienes visionariamente nos antecedieron.

A mediados de año la judicatura de Familia se enfrentó a una inédita alza en sus habituales cargas de trabajo como consecuencia del primero de varios retiros de fondos previsionales, lo que visibilizó a su vez el crónico incumplimiento en materia de alimentos por parte de los alimentantes.

Respecto de ambas problemáticas hicimos pública nuestra preocupación, siendo oídos una vez más en sede legislativa, lo que se manifestó también durante el período respecto de otras iniciativas legales, como es la ley que estableció un régimen jurídico especial para la tramitación de las causas con posterioridad al estado de excepción, proyecto que contó con nuestra participación y aporte en prácticamente todas las sesiones

Por ello es que ha sido de vital importancia el trabajo de nuestra dirigencia involucrada en dichas tareas y de nuestras comisiones, capaces de proveer valiosos insumos para la discusión de los temas que la contingencia releva en conjunto con las asociaciones regionales que dan vida local a la ANMM.

En tal sentido, el último trimestre de 2020 estuvo marcado por 3 hitos: nuestras primeras elecciones por medio de voto electrónico; la convención nacional realizada íntegramente a distancia y el inicio del proceso constituyente vinculado a la posición del gremio en relación con su visión del Poder Judicial en una nueva Constitución.

Nuestras elecciones destacaron por registrar un altísimo porcentaje de participación y por ofrecer un proceso expedito y eficiente, con resultados disponibles apenas concluido el escrutinio.

La convención nacional por otra parte congregó a un importante número de asociadas y asociados y contó con la presencia del señor presidente de la Excelentísima Corte Suprema, Guillermo Silva, previo a una jornada que permitiría darle continuidad al trabajo gremial en el período siguiente.

Finalmente, destaco la coincidencia con el Máximo Tribunal en un tema crucial para el gremio y que se hizo patente tras sus últimas jornadas de reflexión: la necesidad de  desprenderse de las facultades de orden administrativo -conocidas usualmente como de “gobierno judicial”- tanto respecto de sí como de las cortes de apelaciones, para entregárselas a uno o más órganos autónomos, lo que en definitiva le permitiría centrarse exclusivamente en lo jurisdiccional.

Es éste un gran avance pues no sólo recoge una vieja aspiración gremial, sino que se aviene con el tenor de la reflexión que se daría en la víspera de la elección que conformaría la Convención Constitucional y que da cuenta de un diagnóstico claro y consenso transversal acerca de la necesidad de desconcentrar el poder para el efectivo fortalecimiento de la democracia, tal como ha sido manifestado públicamente por un amplio espectro de centros de pensamiento y casas de estudio, lo que por lo demás es coincidente con lo que la sociedad ha demandado en el último tiempo.

Creemos que un nuevo Poder Judicial es posible, y hacia ello seguiremos avanzando desde la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, tal como hemos hecho desde nuestra fundación.

Afectuosamente,