APRAJUD se constituyó en octubre de 2003 como parte de las reformas a los tribunales de justicia del país, convirtiéndose en un referente de la modernización institucional que representa y actúa como un interlocutor válido ante las autoridades del Poder Judicial y organismos vinculados, permitiendo una participación más activa de nuestro estamento de profesionales en el desarrollo del cambio en la administración de justicia chilena, velando de mejor manera por sus intereses como profesionales de la gestión.

Sin embargo, durante 2020 como país hemos enfrentado un período de grandes cambios y transformaciones, donde nuestro gremio continuo fortaleciéndose en la senda de convertirse en la mejor asociación gremial del Poder Judicial.

Esto aglutinó un número cada vez más creciente de asociados, alcanzando los 1.150 profesionales, que ocupan distintos cargos del ámbito administrativo y de la gestión de las distintas unidades judiciales, desde jóvenes profesionales que inician sus carreras en la primera línea operacional, como administrativos, encargados de áreas, jefes de unidades, administradores de tribunales y administradores de Cortes de Apelaciones y profesionales de distintas unidades de CAPJ y de apoyo.

La organización de APRAJUD es unitaria y nacional y considera, en su orgánica, la descentralización y la democratización a través de las unidades gremiales regionales, las que durante el año 2020 logró, en un proceso de elecciones telemático impecable, constituir formalmente sus directivas nacional y regionales en las 17 Jurisdicciones del país (Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Santiago, San Miguel, Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas).

El estallido social, que se manifestó a fines de octubre 2019, nos impuso nuevas formas de trabajar en el PJUD, con horarios reducidos, aumento de ausencias, licencias médicas, y una incipiente instalación del teletrabajo. Sin embargo, para dar continuidad al servicio dentro la inestabilidad política y social que vivió el país, implicó una recarga de trabajo en tribunales y un importante desafío de la administración profesional de tribunales y unidades para organizar y dar continuidad operativa, funcional y a su vez contener y dar protección a nuestros profesionales, funcionarios y jueces.

A mediados de marzo de 2020 llegó la pandemia, ocasionada por el coronavirus a nuestro país, donde una vez más las y los profesionales de la administración efectuaron un impecable trabajo, que permitió al Poder Judicial implementar en tiempo récord el teletrabajo, audiencias por video conferencia, bajo la plataforma Zoom, capacitación y preparación del personal y jueces en todos los sistemas telemáticos en todos los tribunales y unidades, para así dar continuidad al servicio que la ciudadanía requería del PJUD, así sobrellevando de la mejor manera las circunstancias que nos había tocado vivir.

Por otro lado, se nos plantearon los desafíos en las nuevas Constituyentes sobre Gobierno Judicial, que es avanzar en la generación de una regulación legal que posibilite disminuir razonablemente los actuales niveles de discrecionalidad en los procesos de calificación y de remoción de los profesionales de la administración de justicia reformada.

Resulta primordial que el equipo de profesionales responsables de la óptima gestión y funcionamiento de los tribunales, cuenten con la debida autonomía e independencia. El cambio regulatorio que se propone busca generar un impacto agregado virtuoso orientado a lograr un funcionamiento más eficiente, ágil y oportuno de la judicatura reformada. Los ajustes que se plantean trascienden los legítimos intereses gremiales e involucran una problemática de manifiesto interés público (tópicos de seguridad ciudadana, temas de puerta giratoria, victimización y sensación de impunidad, justicia rápida y oportuna, servicio de excelencia y buen trato a los usuarios del sistema, etc.).

Para contar con una nueva justicia, moderna y oportuna, que se encuentre a la altura de las expectativas ciudadanas, es fundamental contar con una adecuada y óptima gestión en el funcionamiento cotidiano de los tribunales, para lo cual es imprescindible reforzar el estamento profesional y técnico a cargo de la administración de los tribunales, separando de manera nítida los roles propiamente jurisdiccionales de lo administrativo, empoderando a estos últimos profesionales, sin mantenerlos, al mismo tiempo, indebidamente subordinados a la judicatura en las materias que son propias de su órbita de competencia. Es importante insertar la problemática de la administración dentro una lógica sistémica, vinculándola también con el anunciado reimpulso del proyecto de Reforma Procesal Civil.

Las propuestas de cambios regulatorios en materia de Gobierno Judicial, calificación y remoción podrán ser impulsadas ya sea como parte del planteamiento que haremos frente a las y los Constituyentes, y en el proyecto de Reforma Procesal Civil. No puede concebirse un proceso integral de modernización de la justicia civil que no incluya un fortalecimiento del rol de la administración que les asegure la debida autonomía e independencia para lograr el objetivo de un funcionamiento eficiente del sistema de justicia. Lo anterior conlleva atentar contra los principios inspiradores de las Reformas, con el riesgo de que la administración quede cooptada por el legítimo temor a perder la fuente laboral.

En otro orden de materias, y basado en principios básicos de igualdad y no discriminación arbitraria, se hace perentorio y seguiremos avanzando en ajustes normativos específicos a la Ley N° 19.531, que posibiliten un incremento en la actual asignación de nivelación en las remuneraciones de los cargos de jefe de unidad de capital de provincia y agrupación de comuna, además de los cargos de administradores de capital de provincia y agrupación de comuna, todo ellos pertenecientes al Escalafón del Personal Superior. Y seguir apoyando  la homologación de rentas en la CAPJ y velar por una mejora transversal de rentas a todos en el PJUD.

Empoderar a nuestra Asociación resulta clave para el logro de estos objetivos planteados, en construir un relato claro y coherente para el contacto con Constituyentes de nuestras Dirigencias Regionales para que hagan lo propio localmente.